Se trata de una acción de inconstitucionalidad que Marcos Herrera promovió contra las ordenanzas que autorizaron el proceso licitatorio y la adjudicación de la concesión a la empresa Amancay. El municipio todavía debe responder.
La Municipalidad de Villa La Angostura deberá responder en breve los agravios que planteó Marcos Abel Herrera en la demanda que presentó, con el patrocinio de los abogados locales Sebastián Leguizamón Charif y Héctor Vénica, contra el municipio ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia.
Herrera promovió el año pasado una acción de inconstitucionalidad contra las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante, que autorizaron el llamado a licitación pública del transporte público de pasajeros en Villa La Angostura y convalidaron ese procedimiento, que finalizó con la adjudicación de la concesión del servicio a la empresa Amancay.
Según pudo constatar LA ANGOSTURA DIGITAL el objetivo es que el TSJ declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas 3227, 3228 y 3239 que fueron sancionadas a mediados del año pasado por el Concejo Deliberante.
“Tras la declaración de inconstitucionalidad de las normas atacadas, corresponderá se declare la nulidad absoluta de la licitación pública 3/2017 para el transporte público de pasajeros”, indicaron los abogados en la demanda que promovieron ante el máximo tribunal de la provincia y que sigue su curso.
Herrera presentó la demanda ante el TSJ conforme lo dispone la Constitución provincial, que indica que el máximo tribunal de la provincia “ejerce jurisdicción originaria y exclusiva para conocer y resolver en las cuestiones que se promuevan por vía de acción sobre inconstitucionalidad de las ordenanzas…”
Desde el TSJ notificaron al municipio de la causa en proceso, y que debe responder los planteos del demandante.
La empresa Amancay, del grupo Semisa de San Juan, resultó adjudicada con la concesión del servicio de transporte público de pasajeros por los próximos 10 años. Fue la única oferta que los concejales tomaron como válida.
El Concejo Deliberante ni la comisión evaluadora tomaron en cuenta la propuesta que Herrera había presentado como para participar del proceso de la licitación pública.
De hecho, Herrera presentó a principios de julio pasado un recurso administrativo donde solicitó al intendente Guillermo Caruso que declare “la nulidad absoluta de la licitación pública” correspondiente al servicio de transporte público de pasajeros que se adjudicó a la firma Amancay.
Herrera había presentado en junio último un recurso administrativo para que se declare la nulidad de la licitación pública por presuntos “vicios muy graves”.
Junto con Cristian Furlong, había pedido una prórroga cuando se llamó a licitación pública para poder presentar una oferta. Finalmente, presentaron una propuesta, que no fue considerada válida por el Concejo Deliberante ni el Ejecutivo municipal.
La licitación pública finalizó con la adjudicación a la empresa Amancay y la firma del contrato correspondiente entre el intendente y el apoderado legal de la empresa por la concesión del servicio durante los próximos 10 años. Amancay comenzó a prestar el servicio a finales de junio pasado.