Así lo expresó el abogado de la comunidad mapuche Paicil Antriao tras la audiencia, que se hizo esta mañana en Zapala. La jueza federal de esa ciudad resolvió suspender los plazos procesales durante 30 días para que Vialidad y los mapuches traten de llegar a un acuerdo.
Tras la decisión de la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, de suspender durante 30 días los plazos procesales para que los representantes de Vialidad Nacional y de la comunidad mapuche Lof Paicil Antriao pueden llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto por la obra de la avenida de Circunvalación en Villa La Angostura.
Así lo dispuso la jueza en la audiencia que se hizo esta mañana de miércoles en el juzgado federal de Zapala luego de que los representantes de Vialidad y el abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez expusieran sus posturas.
Domínguez invitó a las partes a una conciliación en la audiencia y resolvió que “luego de un intercambio de opiniones, manifestaron que acuerdan la suspensión de los términos procesales por el plazo de treinta días para continuar las conversaciones y la posibilidad de llegar a un acuerdo”, según el acta judicial a la que accedió LA ANGOSTURA DIGITAL.
Tras la audiencia, Sánchez explicó que los representantes de Vialidad “dieron buenas señales”. “Ellos tienen un problema con la palabra "vinculante". Si eso es un obstáculo la podemos suprimir”, sostuvo el abogado.
“De todos modos, la consulta deberé ser previa e informada, en los términos del convenio 169 de la OIT”. indicó.
“Podemos acomodar los términos para que Vialidad tenga las seguridades que necesita para que esto funcione, pero la consulta implica que la comunidad mapuche pueda resolver libremente, sin presiones”, destacó.
“Hay buena fe por parte de mis mandantes para que esto funcione y se destrabe el conflicto de la mejor manera para todos, sin renunciar a sus derechos”, enfatizó el abogado.
Por Vialidad estuvieron en la audiencia que se desarrolló esta mañana de miércoles Ricardo Stoddart, gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Pablo Martín Zonis, subgerente de expropiaciones y Marta Daniela Termes, apoderada legal del organismo nacional. Mientras que Sánchez lo hizo como apoderado de los demandados. El plazo vence el 6 de agosto.
La audiencia fue convocada de acuerdo a lo que prevé el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esa norma “establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia”.
El conflicto se originó a partir de la demanda que Vialidad Nacional presentó en 2017 para pedir el desalojo de 7 familias que forman parte de la comunidad Paicil Antriao, que están instaladas en dos sectores por donde pasa la traza de la obra de la avenida de Circunvalación.
El abogado de la comunidad alcanzó a responder la demanda y pidió como medida cautelar la suspensión del desalojo ante la jueza federal de Zapala.
En la demanda, Vialidad argumentó que el desalojo no se promovió contra la comunidad mapuche, sino contra 7 familias que se instalaron hace pocos años.
La jueza intentó que las partes traten de llegar a un acuerdo. Después, admitió a la comunidad como parte del litigio judicial y además hizo lugar al pedido de la comunidad mapuche Quintriqueo tercero interesado en la causa.
Vialidad apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de Roca que rechazó a mediados del año pasado el recurso del organismo nacional. Por eso, la causa sigue adelante.
Los mapuches reclaman que Vialidad admita que tiene que hacer una consulta a la comunidad mapuche sobre la traza y ejecución de la obra.