La jueza subrogante de Junín de los Andes Andrea Di Prinzio pidió a la jueza federal de Zapala que ordene a Gendarmería que preste apoyo para ejecutar la sentencia. Desde la comunidad ratificaron que resistirán.
La jueza subrogante del juzgado civil 2 de Junín de los Andes Andrea Di Prinzio envió este miércoles un exhorto a la jueza del juzgado federal de primera instancia de Zapala, Silvina Domínguez, para que le ordene a Gendarmería Nacional que brinde el auxilio al oficial de justicia para que pueda ejecutar el desalojo de Pascual Felidoro Quintriqueo, la comunidad mapuche Quintriqueo y de toda persona que se encuentre ocupando el lote pastoril 42, ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura.
La diligencia que Di Prinzio ordenó es cumplir con la sentencia que el juez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino había dictado en septiembre de 2016, cuando admitió la demanda contra los ocupantes y ordenó restituir el lote a María Cristina Broers, que acreditó en el expediente que era la propietaria.
En la nota que Di Prinzio envió a su par del juzgado federal de Zapala le explicó que el oficial de justicia Jorge Güenul le había informado telefónicamente que no había podido cumplir la orden de desahucio dispuesta por ella “debido a que la Policía de la Provincia del Neuquén no lo auxilió en razón de que el inmueble se encuentra en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”.
Por eso, De Prinzio explicó que “se torna necesario requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad federales”. Por eso, pidió a la jueza federal de Zapala que ella ordene a Gendarmería Nacional el apoyo para ejecutar el desalojo.
“Ante los sucesos de los últimos días respecto de la orden de desalojo que mando a ejecutar la racista patriarcal jueza Andrea Di Prinzio y su última definición en el día de ayer de solicitar auxilio a las fuerzas federales, en este caso a Gendarmería nacional, para ejecutar el desalojo en nuestra comunidad, nos manifestamos como Comunidad Mapuce Lof Kinxikew para hacer responsables al gobierno de la provincia de Neuquén y al gobierno nacional por lo que les pudiera llegar a suceder a nuestros hijos, hijas, ancianos y todos aquellos quienes se encuentren en el territorio resistiendo al desalojo”, afirmaron desde la comunidad.
Fuertes críticas a la jueza
“Los antecedentes de la jueza Di Prinzio que preceden a su orden contra la Comunidad, hablan de su total desconocimiento y falta de voluntad de asumir, entender y garantizar los derechos humanos tanto individuales como colectivos”, denunciaron en un comunicado.
“Todas sus acciones cargadas de un odio racial y clasista que manifiesta contra nosotros dan cuenta y deja en evidencia que es una servil a la propiedad privada de quienes controlan y negocian la tierra de todos”, afirmaron.
“Teniendo un marco de derecho indígena vigente a nivel internacional, nacional y provincial de reconocimiento a la preexistencia de los pueblos indígenas, de derechos territoriales y libre determinación, con una ley vigente de emergencia territorial para frenar los desalojos de comunidades indígenas Ley 26.160, hoy nos sentimos totalmente desprotegidos y vulnerados”, sostuvieron.
“Estamos ante un inminente avasallamiento a nuestro territorio comunitario, nuestros derechos colectivos y la vida de quienes habitamos este espacio territorial. No permitiremos ningún avance más contra nuestro territorio comunitario, nos paramos con plena identidad y vamos a resistir, porque nosotros somos parte de este territorio junto con otro conjunto de vidas que nos dan origen e identidad”, aseguraron.
“Sin nuestro territorio no podemos garantizarle un Kvme Felen a nuestros hijos e hijas. Por eso nos preparamos para resistir cualquier intento de desalojo de nuestro territorio comunitario, con los medios legítimos que poseemos, fundamentado en nuestra razón histórica y hacemos un llamado solidario a pu lamgen de los distintos puntos del waj mapu, organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, ambientalistas, de género y diversidad a estar alertas, movilizados y que nos acompañen a resistir este inminente desalojo”, pidieron desde la comunidad Quintriqueo.
Antecedentes
La demanda contra la comunidad Quintriqueo y todos los ocupantes del lote, como la familia Melo, la interpuso Broers en 2011 después de que familias mapuches irrumpieran en esas tierras, en lo que definieron como un acto de recuperación de lo que consideran es parte del territorio mapuche.
El juez Luchino admitió la demanda y dictó una sentencia el 12 de septiembre de 2016 en la que condenó a Pascual Quintriqueo y todos los ocupantes a restituir la posesión del lote a Broers, en un plazo de 30 días.
El abogado de la comunidad Quintriqueo, Virgilio Sánchez explicó esta semana que esa sentencia había sido apelada en su momento por los abogados que entonces asistían a la comunidad mapuche. Sin embargo, el tribunal resolvió que los fundamentos de la apelación fueron presentados fuera de término y, por eso, se declaró desierto el recurso. En consecuencia, la sentencia de Luchino quedó firme.
Dijo que cuando él tomó la causa “ya estaba este estado de cosas”. De todos modos, el abogado sostuvo en su opinión no se puede desalojar a una comunidad cuando está vigente la ley 26160 de comunidades indígenas que suspende hasta finales de noviembre de 2021 la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan de manera tradicional las comunidades.