El juez Nazareno Eulogio admitió el pedido de la defensa de los dos acusados por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. La fiscalía de Villa La Angostura no se opuso.
Dos sujetos que habían sido imputados por la tenencia ilegal de un arma de fuego, accedieron al beneficio de la suspensión de juicio a prueba durante un año y medio.
En consecuencia, durante ese período los sujetos estarán a prueba de la justicia y deberán cumplir las pautas de conducta que les fijó el juez de garantías Nazareno Eulogio, en la audiencia que se desarrolló el miércoles en Villa La Angostura.
Fuentes judiciales informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que la defensa oficial de los dos imputados, cuya identidad mantuvieron en reserva, solicitó en la audiencia que se les conceda el beneficio de la suspensión de juicio a prueba.
La fiscalía de Villa La Angostura no planteó objeciones ni cuestionó el pedido de la defensa, que el juez analizó en un primer término.
Tras examinar el pedido de la defensa y evaluar si los imputados cumplían los requisitos legales, el juez dispuso otorgarles la probation durante un año y medio.
En ese período, los sujetos deberán abstenerse de cometer otros delitos, entre otras medidas. Si no lo hacen, se les revocará el beneficio y la acción penal continuará contra los dos imputados.
El hecho que la fiscalía les había atribuido ocurrió el 24 de marzo pasado cuando fueron descubiertos con un arma de fuego larga 22 Marlin, en la zona de la Lipela, en la Ruta Nacional 237.
Es bastante habitual que personal de Gendarmería y de la Policía provincial hagan operativos de control que permiten descubrir a personas con tenencia de armas de manera ilegal.
El caso más resonante vinculado con este tipo de ilícitos sucedió la madrugada del 9 de febrero del año pasado, cuando tres sujetos circulaban en un vehículo en dirección a Bariloche y fueron interceptados por personal policial del destacamento Nahuel Huapi.
Los policías inspeccionaron el vehículo y observaron que había un fusil. Por eso, arrestaron a los tres sujetos, entre los que se encontraba un primo del lonko Facundo Jones Huala.
Sin embargo, Ricardo Guaiquipi se hizo responsable de la tenencia del arma que no estaba cargada. Los otros dos acompañantes no fueron acusados.
El conflicto se resolvió en un acuerdo pleno alcanzado por la fiscalía, el imputado y su defensa, en un juicio abreviado, que se hizo a mediados de agosto. El juez Mariano Etcheto admitió y validó el acuerdo y le impuso la condena de 2 años y 3 meses de prisión de ejecución condicional al imputado.