Tras un extenso receso, el juez civil de Junín de los Andes que tiene la demanda pidió que se cite a declarar a Cacault, Panessi, Roche y otros testigos. La demanda se inició en 2013 y aún no tiene resolución.
Después de un prolongado paréntesis, la demanda civil que promovió la Municipalidad de Villa La Angostura contra Hugo Montes y otros ocupantes para recuperar el camping del Lago Correntoso vuelve a moverse.
Fuentes que conocen el expediente informaron que el juez civil de primera instancia de Junín de los Andes Andrés Luchino solicitó a su colega de Villa La Angostura, Jorge Videla, que fije fecha y hora para recibir la declaración testimonial de varios testigos aportados por la municipalidad.
En ese grupo de testigos está el exintendente y actual legislador provincial, Roberto Cacault, el exintendente Hugo Panessi, la exconcejala, Angélica Roche, Sandra Hess Carvajal y Pablo Javier Irízar.
Los testigos ofrecidos por la municipalidad son para aportar información a la causa relacionada con el camping del lago Correntoso, que desde hace años el municipio intenta recuperar.
De hecho, la municipalidad promovió la demanda civil contra Montes y otros ocupantes en mayo de 2013 en el Juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y de minería 2 de Junín de los Andes, a cargo de Luchino. Sin embargo, poco se hizo para resolver el conflicto.
El municipio hizo denuncias a mediados de 2016 y en noviembre de 2017 en la fiscalía de Villa La Angostura por el presunto incumplimiento por parte de las personas demandadas de la orden del juez de no modificar el estado de situación en el camping Correntoso (orden de no innovar).
Desde el municipio se denunció que los ocupantes habían hecho una construcción ilegal en el predio en litigio. En el camping se instalaron hace bastante tiempo familias de la comunidad Paisil Antriao.
Por eso, el municipio había pedido a la fiscalía local que “se haga efectivo apercibimiento de desobediencia en los términos del artículo 239 del Código Penal”.
En la denuncia que el viceintendente Bruno Barbagelata interpuso a mediados de noviembre del año pasado señaló que “pese a lo ordenado por el otrora magistrado actuante” en la causa civil “y que fuera debidamente notificado, los demandados de forma maliciosa violentan constantemente la medida cautelar de no innovar…”
“En concreto, los demandados en total incumplimiento con lo ordenado en sede judicial comenzaron a construir dentro del lote NC 16-20-53-3671 sin autorización judicial y/o municipal”, indicó el viceintendente en la denuncia.
Recordó que la situación “fue debidamente constatado y notificado por un inspector municipal” a través de un acta de inspección del 11 de julio de 2016.
“Ahora bien, nuevamente este municipio toma conocimiento del desoye de la manda judicial y solicita su inmediata intervención a efectos de salvaguardar los derechos de esta parte”, indicó el denunciante.
Advirtió que el 5 de noviembre pasado, el mismo inspector municipal “pone en conocimiento de la asesoría legal del municipio que se constató que no se acató la orden de paralización obrante en el acta de inspección encontrándose hoy día la obra con un 80 por ciento de avance”.
“Pese a que se ordenó una medida de no innovar, los demandados hacen caso omiso a la misma y a espaldas del municipio realizan actos tendientes a alterar el inmueble, en palmario incumplimiento de la medida cautelar”, denunció Barbagelata. Sin embargo, no hubo información sobre cuál fue el destino de esa denuncia.