Hoy se hará la audiencia de revisión de la decisión del fiscal Adrián De Lillo, que rechazó la denuncia que presentaron beneficiarias del loteo social contra el exintendente Roberto Cacault y el entonces viceintendente Guillermo Caruso por presuntas irregularidades en la permuta de tierras.
El juez Jorge Criado escuchará hoy los argumentos del apoderado legal de las beneficiarias del loteo social que reclaman revisar la decisión del fiscal de Villa La Angostura Adrián De Lillo, que desestimó la denuncia habían presentado contra el exintendente Roberto Cacault, y el entonces viceintendente Guillermo Caruso por presuntas irregularidades en el canje de tierras destinado a un loteo social. La audiencia judicial fue convocada para el mediodía, informaron fuentes con acceso al expediente.
Criado debe resolver si confirma la decisión del fiscal o si la revoca y, en consecuencia, ordena seguir adelante con la investigación. En ese caso es probable que la investigación cambie de fiscal como pide el abogado Héctor Vénica, que representa a las denunciantes. Criado debe, en su carácter de juez de garantías, controlar si la decisión del fiscal se ajusta a derecho. La gestión de Cacault impulsó la permuta de las tierras del con el grupo empresario Slots Machines.
La municipalidad entregó el Parque Industrial a cambio de la misma cantidad de tierra, aunque fragmentada en 7 macro lotes de los cuales 6 fueron destinados al loteo social para 431 familias de esta localidad.
El canje se terminó de cerrar en octubre pasado cuando se firmaron las escrituras. Pero un grupo de beneficiarios había presentado la denuncia a mediados del año pasado aproximadamente y pidieron que se investigue la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, junto con el presunto delito de defraudación con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido u ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante.
Cuestionaron en la denuncia que se desvirtuó la finalidad del canje de tierras para brindar soluciones habitacionales, “producto de la intervención e interés de los denunciados a lo largo de la tramitación del Expediente Administrativo 134/13, pues habría existido un resultado disvalioso tanto para el Estado Municipal como para los 430 beneficiarios del loteo social”. Sin embargo, el fiscal consideró que no hubo delito.
De Lillo concluyó, tras la investigación preliminar que duró varios meses, que no se pudo acreditar, “más allá de las formulaciones efectuadas por los denunciantes, que el entonces Intendente Roberto Cacault o bien quien ejercía la viceintendencia, Guillermo Caruso, se hubieran interesado en miras de un beneficio delictivo de terceros en la operatoria de canje”.
“Cierto es que los denunciantes apuntalan circunstancias que a su entender dan configuración a un tipo delictivo, pero sin perjuicio de reconocer su loable esfuerzo, los argumentos que esgrimen conforman una hipótesis no sostenible probatoriamente”, afirmó el fiscal en su resolución que hoy será revisada.