El 30 de mayo el juez de garantías revisará la decisión del fiscal Adrián De Lillo, que rechazó la denuncia que presentaron beneficiarias del loteo social contra el exintendente Roberto Cacault y el entonces viceintendente Guillermo Caruso por presuntas irregularidades en el canje de tierras.
La Oficina Judicial (Ofiju) convocó para el 30 de mayo a las partes a la audiencia con el juez de garantías que revisará la resolución del fiscal de Villa La Angostura Adrián De Lillo, que desestimó la denuncia que beneficiarias del loteo social habían presentado contra el exintendente Roberto Cacault, y el entonces viceintendente Guillermo Caruso por presuntas irregularidades en el canje de tierras destinado a un loteo social.
Fuentes con acceso al expediente informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que la fecha se conoció ayer y que designaron al juez Jorge Criado para la revisión de la resolución del fiscal. El juez de garantías debe controlar si la decisión del fiscal se ajusta a derecho.
El abogado local Héctor Vénica, que representa a las denunciantes, había informado que presentaron la semana pasada el pedido para la revisión de la resolución fiscal. Dijo que en el caso de que el juez de garantías confirme la decisión del fiscal, la causa no se muere porque los querellantes tienen la posibilidad de aportar nuevas pruebas para que el fiscal reabra la causa.
Aunque afirmó que no están conformes con el trabajo del fiscal en esta causa. “Con las constancias que hay en la causa, el fiscal tiene una mirada muy parcial y no objetiva”, afirmó la semana pasada Vénica. Señaló que en el caso de que el juez resuelva que está mal desestimada la denuncia, una de las posibilidades que analizan es pedir el apartamiento del fiscal de la investigación. “La manera que realiza la investigación (el fiscal) no nos da ninguna garantía”, sostuvo Vénica.
“Hay muchos puntos que no tuvo en cuenta”, afirmó. Por eso, señaló que pretenden que se haga “una investigación más profunda”. De Lillo concluyó, tras la investigación preliminar que duró varios meses, que no se pudo acreditar, “más allá de las formulaciones efectuadas por los denunciantes, que el entonces Intendente Roberto Cacault o bien quien ejercía la vice-intendencia, Guillermo Caruso, se hubieran interesado en miras de un beneficio delictivo de terceros en la operatoria de canje”.
“Cierto es que los denunciantes apuntalan circunstancias que a su entender dan configuración a un tipo delictivo, pero sin perjuicio de reconocer su loable esfuerzo, los argumentos que esgrimen conforman una hipótesis no sostenible probatoriamente”, concluyó el fiscal. La gestión de Cacault promovió la permuta de las tierras del con el grupo empresario Slots Machines.
La municipalidad entregó el Parque Industrial a cambio de la misma cantidad de tierra, aunque fragmentada en 7 macrolotes de los cuales 6 fueron destinados al loteo social para 431 familias de esta localidad.
El canje se terminó de cerrar en octubre pasado cuando se firmaron las escrituras. Las denunciantes señalaron la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, junto con el presunto delito de defraudación con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido u ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante.
Cuestionaron en la denuncia que se desvirtuó la finalidad del canje de tierras para brindar soluciones habitacionales, “producto de la intervención e interés de los denunciados a lo largo de la tramitación del Expediente Administrativo 134/13, pues habría existido un resultado disvalioso tanto para el Estado Municipal como para los 430 beneficiarios del loteo social”.