Así lo planteó Marcos Herrera, en un recurso administrativo que presentó esta semana ante el Concejo Deliberante, donde impugnó -una vez más- las ordenanzas que autorizaron el proceso licitatorio, la preadjudicación y la firma del contrato de la concesión del servicio a la firma Amancay.
Marcos Herrera, con el patrocinio legal del abogado Héctor Vénica, interpuso un recurso administrativo donde solicita al intendente Guillermo Caruso que declare “la nulidad absoluta de la licitación pública” correspondiente al servicio de transporte público de pasajeros que se adjudicó a la firma Amancay.
Además, Herrera solicita que se revoque por presuntas irregularidades la Resolución 28/2017 de la presidenta del Concejo Deliberante, la oficialista Amanda Rial, que rechazó el recurso que había presentado en junio pasado contra las ordenanzas que autorizaron al Ejecutivo municipal a llamar a licitación pública y la posterior preadjudicación del servicio de transporte público de pasajeros a la empresa Amancay.
Ahora, Herrera impugnó la ordenanza que autorizó la firma del contrato de concesión entre el municipio y Amancay.
Por eso, solicitó que Caruso admita el recurso administrativo que presentó el lunes y que dicte el decreto que haga lugar a otro recurso que habían presentado el 8 de junio pasado para impugnar el proceso licitatorio en marcha.
Advirtió que corresponde declarar su nulidad de la licitación pública por presuntos “vicios muy graves”.
Herrera, junto con Cristian Furlong, habían pedido una prórroga cuando se llamó a licitación pública para poder presentar una oferta. Finalmente, presentaron una propuesta, que no fue considerada válida por el Concejo Deliberante ni el Ejecutivo municipal.
La licitación pública finalizó con la adjudicación a la empresa Amancay y la firma del contrato correspondiente entre el intendente y el apoderado legal de la empresa por la concesión del servicio durante los próximos 10 años. Amancay comenzó a prestar el servicio a finales de junio pasado.
Herrera solicitó en el recurso administrativo que presentó el lunes que se eleven las actuaciones, junto con el expediente administrativo al intendente para que dicte el decreto y se agote la vía administrativa. Y advirtió en el planteo que se tenga presente el reclamo por los daños y perjuicios.
Herrera impugnó la Resolución 28/2017 que la presidenta del Concejo Deliberante dictó el 29 de junio último por “carecer de causa o fundarse en una falsa causa, por constituir una vía de hecho de la administración, y contener vicios muy graves, que afectan la existencia del acto administrativo”.
Por los mismos argumentos impugnó la ordenanza 3229 y su anexo, sancionada el 22 de junio pasado, que autorizó la firma del contrato de concesión que Caruso suscribió con el apoderado de Amancay.
Herrera impugnó las ordenanzas que autorizaron al Ejecutivo municipal a llamar a licitación pública y a preadjudicar a la firma Amancay porque violaron la Carta Orgánica Municipal, el debido proceso de la licitación pública y por la inexistencia de dictamen jurídico previo, entre otras presuntas irregularidades.