Desde la Asociación Trabajadores del Estado manifiestan "nuestra más profunda preocupación, frente a las evidencias claras, que se observan en el accionar del ministerio de producción y turismo y la dirección de bosques provincial".
Carlos Quintriqueo, Secretario General ATE - CTA, explica que "desde la sanción de la ley 2780, hemos denunciado en varias oportunidades los evidentes intentos de los funcionarios provinciales de hacerle trampa a la ley, cambiando las categorías de conservación definidas por ésta, para facilitar negocios inmobiliarios en distintas localidades del sur de la provincia".
Denuncia que "el Ministerio de Producción actúa en desmedro de los intereses de todos los neuquinos al rifar el futuro de nuestros hijos, permitiendo este tipo de negociados que pretenden presentar, como inversiones o desarrollo".
Dice que "claras señales de ello son, la venta de 140 ha del cerro Chapelco de manera ilegal, y a escondidas, sino que la propia dirección de bosques propone cambiar la categorización de esa área, en medio de la ladera principal, a 1500 m de altura, para permitir urbanizaciones de alta montaña y promover la venta en cifras millonarias de los terrenos que la provincia prácticamente le regaló al concesionario nieves del Chapelco".
"En el mismo sentido ha ocurrido en Villa la Angostura, donde debieron retroceder en decisiones ya tomadas por el entonces ministro Bertoya, por indicación de la Secretaria de Ambiente de la Nación, en el Cerro Belvedere, donde se había autorizado el cambio de categoría de conservación para permitir una urbanización para ricos".
Quintriqueo dice que "para completar el cuadro, a pesar de haber recibido en los últimos años, alrededor de 8 millones de pesos para fortalecimiento institucional según los registros públicos de la Secretaria de Ambiente de la Nación, la Dirección de Bosques sigue contratando personal a dedo, sin respetar el convenio colectivo de trabajo sectorial, sin la realización de concursos, con la finalidad evidente de controlar voluntades y forzar a que el personal contratado se vea obligado a guardar silencio frente a estos negociados".
"Por esto, instamos al gobierno provincial, en particular al Ministerio de Producción, a exponer ante la sociedad, toda la información que hasta ahora han negado a las organizaciones intermedias ambientales, respecto de los fundamentos de cambios en las categorías de conservación, así como mostrar la información respecto de la gestión de los fondos recibidos".
"Exigimos que se respete la ley 2780 en sus aspectos ambientales y participativos, y como surgiera en los talleres realizados, que se retrotraigan los cambios producidos a los mapas sancionados mediante esa ley y se respeten las categorías de conservación establecidas en la mencionada norma".
"No permitamos que una norma de resguardo ambiental, de ejercicio participativo y transparencia en el uso de los fondos, se transforme en todo lo contrario" finaliza Carlos Quintriqueo.