El funcionario presentó ayer un pedido de audiencia con los concejales para explicar el estado de la causa y las pruebas. Descartó que sea “una denuncia inconducente” y que haya sido archivada como se informó desde el Ejecutivo municipal.
La sanción de la ordenanza 3344 que cambió los parámetros de los valores de los elementos recuperados del centro ambiental, donde funciona la planta de tratamiento de residuos de la localidad, para facilitar su venta, generó malestar en el auditor municipal Gerardo Minnaard.
Ocurre que se responsabilizó desde el Ejecutivo municipal al auditor por la denuncia que presentó en septiembre pasado sobre supuestas irregularidades con la venta de materiales recuperados de la planta de tratamiento de residuos como la causa de los problemas.
“Que debido a una denuncia inconducente del Auditor Municipal Gerardo Minnaard y el archivo del sumario administrativo se suspendió preventivamente la venta, lo que generó una acumulación de los residuos sólidos urbanos”, indica la ordenanza sancionada ayer por los concejales.
Por eso, Minnaard presentó ayer una nota donde pide una audiencia con los concejales para explicar la situación y presentar pruebas.
En la nota ratificó su denuncia por irregularidades en la comercialización de productos recuperados del centro ambiental.
“Obra en este Auditoría el expediente caratulado Sumario Plata de Tratamiento (venta de materiales recuperados) Legajo número 288”, del año pasado, indicó el auditor.
“No es posible concluir, bajo ningún aspecto que la denuncia realizada respecto de la comercialización de productos recuperados del Centro Ambiental fuere una denuncia inconducente”, afirmó Minnaard.
“Lamentablemente, ha quedado acreditado a estos momentos, circunstancias totalmente distintas y opuestas a lo que se sostiene en los considerandos de la ordenanza 3344/2018 sobre las cuales los señores concejales no han tenido noticias directas y ciertas”, advierte el auditor.
Recordó que tampoco “la causa se encuentra archivada, sino en etapas activas respecto del objeto del mismo”.
“Aquí hay una gravedad institucional que consiste en la falsa información y conclusión de hechos y actos que no lo son, que han tenido como único objeto no informar acabadamente a los señores concejales”, sostuvo Minnaard.
“Es inaceptable para esta parte el tratamiento legislativo atribuido, máxime cuando ha quedado acreditado y probado extremos distintos y opuestos a los que sirvieron de base para resolver sobre una ordenanza”, afirmó.
Las sospechas del auditor apuntan a que empleados municipales vendieron presuntamente aluminio, vidrio, cartón y otros materiales a un precio superior del que consta en los recibos correspondientes. Por eso, pidió que se inicie la investigación administrativa correspondiente para determinar si se cometieron esas maniobras que perjudican el erario del municipio e identificar a los supuestos autores. Sin embargo, el sumariante designado para la investigación administrativa concluyó que no hubo ninguna irregularidad con la venta de los materiales.
La ordenanza sancionada ayer pretende generar un sistema ágil y actualizado para llevar adelante la venta de cartón, vidrio, hojalata, tapas de gaseosa, botellas de aceite vegetal, tetra pack, plástico soplado, cobre, bronce, aluminio y papel mezcla que se recuperan en el centro ambiental por medio de licitación pública.
Por eso, se fijaron nuevos valores a precios de mercado para los elementos recuperados que el municipio quiere licitar. Antes, el precio del kilo de material recuperado se determinado por un sistema de puntos que, según explicaron concejales, elevaba el precio de los elementos y nadie se interesaba en adquirirlos.