Así lo informaron este sábado desde la Fiscalía de Villa La Angostura. Además anticiparon que se procederá a secuestrar los autos de conductores que no justifiquen el incumplimiento a la “cuarentena”.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio que el presidente Alberto Fernández decretó hasta el 31 de marzo, con el objetivo de atenuar el avance del COVID-19 (coronavirus) en el país, tiene altos niveles de acatamiento en Villa La Angostura.
De todos modos, desde la fiscalía de Villa La Angostura salieron a aclarar en diálogo con LA ANGOSTURA DIGITAL este sábado que los comercios que se dedican a la elaboración de comidas “no pueden atender al público” en los locales.
Reiteraron que a partir de la vigencia del decreto nacional, los comercios de ese rubro “solo pueden atender los comercios a través de deliberys”. “Está prohibido la atención personal y si hay un negocio que tiene abierto al público está en infracción porque no cumple la cuarentena obligatoria”, advirtieron desde la fiscalía.
Y citaron la reglamentación del decreto nacional que ordena que los restaurantes locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas “podrán vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria en ningún caso podrán brindar servicios con atención al público de forma personal”.
Además, desde la fiscalía aseguraron que los controles que fuerzas federales y de seguridad hacen en las calles serán más estrictos.
“Cada persona que circule en la calle deberá acreditar fehacientemente el motivo”, sostuvieron.
Mencionaron -a modo de ejemplo- que si una persona en demorada en un control y asegura que viene del supermercado, deberá mostrar el ticket de la compra correspondiente, para justificar que no está en cuarentena.
Y anunciaron que a aquellos que no puedan justificar su presencia en las calles “les vamos a secuestrar los vehículos” y permanecerán en esa condición hasta que finalice la causa penal.
Dijeron que con ese objetivo trabajan tanto en la justicia provincial como en el fuero federal, para que la cuarentena dispuesta para proteger la salud pública se cumpla.