Se propone, entre otros puntos, se analice la situación productiva y de generación de empleo de dichas tierras a fin de que puedan ser sujetas a expropiación para ser destinadas a explotaciones en el contexto de la agricultura familiar.
El bloque de diputados Frente Grande-Nuevo Encuentro presentó un proyecto de ley adhiriendo ley Nacional 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, iniciativa que adecua la normativa nacional a la provincia.
Raúl Podestá impulsor de la iniciativa sostiene en sus fundamentos que “es evidente que la realidad marca un proceso por el cual no crece, o disminuye lentamente, la población en las áreas rurales de nuestra provincia. Es indudable también la necesidad de brindar herramientas para mitigar la migración rural-urbana, que implica un sinnúmero de inconvenientes a las localidades del interior, e Invertir este proceso implica brindar condiciones dignas de vida y de producción a quienes decidan quedarse viviendo y produciendo en el ámbito rural”.
El proyecto fija al Ministerio de Desarrollo Territorial, o quien lo reemplace en el futuro, como organismo de aplicación y entre los aspectos salientes establece la regularización de la tierra fiscal en un lapso no mayor a 5 años e insta al Poder Ejecutivo provincial a analizar el caso de las tierras cuya titularidad detentan privados, que no realizan una explotación acorde a la potencialidad del recurso.
Para este último caso se propone que en un plazo de 12 meses se analice la situación productiva y de generación de empleo de de dichas tierras a fin de que puedan ser sujetas a expropiación para ser destinadas a explotaciones en el contexto de la agricultura familiar, bajo la marco de la propiedad comunitaria, o bajo condición de la no modificación de su destino por un lapso de 30 años La norma contempla también que el gobierno provincial disponga de tierras de su dominio que serán destinas al Banco de Tierras para la agricultura familiar creado por la Ley Nacional 27.118.
Por otro preve acciones específicas que hacen al fortalecimiento y desarrollo de la asistencia técnica en el territorio de manera permanente, aspectos inherentes a la comercialización con impulso para la realización de ferias, y la promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen, un plan quinquenal para la provisión de infraestructura rural y medidas particulares sobre transporte, comunicación, salud, educación y deportes en áreas rurales.
Otro punto a destacar vinculado a la soberanía alimentaria es el que establece que la provincia aportará a la constitución y el desarrollo del Centro de Producción de Semillas Nativas (CEPROSENA), creado por la ley nacional 27118. Uno de los principales capítulos de la Ley define a la tierra como “un bien social” y establece las pautas para que el Poder Ejecutivo permita el acceso a este recurso natural por parte de los agricultores familiares, campesinos e indígenas. Se prevé asimismo la creación de un banco de tierras para ser adjudicadas en forma progresiva.
La norma suspende por tres años a los desalojos, “toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares”. La comercialización es un eje transversal en los debates, tanto de productores como en la institución pública. Por eso esta Ley promociona la creación de ferias, de “marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación”, además de la prioridad en las contrataciones que realice el Estado a la “compra de alimentos provenientes de establecimientos productivos de los agricultores y agricultoras familiares registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF)”.
“Las Acciones y Programas que se establezcan se orientarán a incrementar la productividad y competitividad en el ámbito rural a fin de fortalecer el empleo, elevar el ingreso de los agricultores familiar, generar condiciones favorables para ampliar los mercados, aumentar el capital natural para la producción y a la constitución y consolidación de empresas rurales”, expresa el artículo 21, en referencia a los procesos productivos y de comercialización. La autoridad de aplicación deberá trabajar con el Banco Nación para la “creación de líneas de crédito específicas, con tasas de interés subsidiadas y garantías compatibles con las características de la actividad”.
Respecto a las viviendas, se considera necesario articular políticas referidas al derecho habitacional, con énfasis en el diseño de viviendas para que se lleven a cabo “de una manera participativa y con un enfoque bioclimático”. Posteriormente se refiere a la problemática de los residuos, caminos y al derecho al agua.
La Ley busca promover la “Formación Técnica Superior y Capacitación” en el área Rural, reconociendo las formas propias de aprendizaje y transmisión de conocimientos del sector.
Se menciona también la necesidad de “Preservar los bienes naturales para las futuras generaciones, promoviendo el desarrollo productivo integral para el buen vivir, en armonía con la naturaleza y preservando la diversidad genética, respetando los usos y costumbres, reconociendo a la familia como el núcleo principal de la producción y de la sostenibilidad productiva a través del tiempo”.
Se contará con un presupuesto de 1500 millones de pesos para fortalecer al sector, que será reglamentado por el Ejecutivo. La sanción de esta ley se convierte en un hecho histórico en el camino de construcción al derecho a la soberanía alimentaria. Sobre todo porque se reconoce a los diversos actores del campo, porque se reconoce su trabajo y cuidado de la tierra.