Así lo adelantó a La Angostura Digital el abogado de la comunidad Virgilio Sánchez, después de que la jueza de Junín de los Andes desestimara los pedidos para suspender la ejecución de la sentencia, que se dictó a finales de 2016.
El abogado Virgilio Sánchez, que asiste a la comunidad mapuche Quintriqueo, informó que se encuentra trabajando en el recurso de apelación para tratar de frenar la ejecución del desalojo que dispuso la semana pasada la jueza Andrea Di Prinzio Valsagna, que subroga el juzgado civil 2 de Junín de los Andes.
En diálogo con LA ANGOSTURA DIGITAL recordó que la jueza rechazó “in limine” el jueves el pedido de suspensión que había presentado como apoderado legal de la comunidad Quintriqueo.
Además, la magistrada desestimó además el pedido de suspensión del desalojo que le había planteado la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, por la vigencia de la ley de comunidades indígenas 26160.
La titular del INAI le recordó a la jueza de Junín de los Andes que la ley citada suspende “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, que ocupan comunidades indígenas. La norma aclara que “la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.
La jueza envió días atrás los mandamientos para ejecutar el desalojo que el juez civil de Junín de los Andrés Luchino había ordenado en septiembre de 2016.
En esa ocasión, Luchino admitió la demanda que María Cristina Broers promovió contra Pascual Quintriqueo y otros ocupantes, entre los que se encuentran miembros de la familia Melo, para recuperar tierras ubicadas en la zona conocida como El Pedregoso, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura.
Luchino concluyó que la mujer era la dueña de esas tierras y había sido desposeída del lote a finales de 2011. Por eso, ordenó el desalojo de todos los ocupantes, lo que nunca se ejecutó.
El abogado de la comunidad Quintriqueo explicó que el expediente cayó en el despacho de Di Prinzio Valsagna que en abril pasado resolvió reactivar la ejecución de la sentencia que había quedo en suspenso durante estos años. Y dispuso la semana pasada avanzar con el desalojo de las personas que ocupan las tierras, lo que generó el estado de alarma de los miembros de la comunidad mapuche.
La jueza le contestó a Odarda que el INAI “no es parte en el proceso”. “La jueza entiende que sí puede ejecutar la sentencia, yo estoy preparando una apelación que trataré de presentar en breve”, explicó Sánchez.
“Resulta lamentable que la jueza desconozca la Ley 26160 y desconozca la autoridad del INAI, estamos definiendo las acciones que realizaremos para defender a la comunidad mapuche del desalojo que intenta llevar adelante la Jueza Di Prinzio”, afirmó.
Mientras que Amanda Quintriqueo dijo que no habían sido notificados hasta el momento de la decisión de la jueza. Aunque adelantó esta semana que la comunidad resistirá un desalojo.