Es uno de los puntos que establece la ley aprobada ayer por la Cámara de Diputados neuquina que crea el Registro Provincial de Violencia Familiar.
La sesión de este mièrcoles comenzó bajo la presidencia del vicegobernador Marcos Koopmann y con la participación de los 35 diputados y diputadas. El Registro de Violencia Familiar y de Género obtuvo 31 votos positivos. En tanto, los bloques FIT y PTS-FIT votaron en forma negativa. El texto de la norma unifica dos proyectos presentados en la anterior gestión legislativa por el ex diputado Raúl Podestá y el bloque del MPN.
La diputada María Laura du Plessis (MPN) explicó que la inclusión o exclusión del Registro se realizará únicamente por orden judicial y señaló que “el punto de inflexión” que impulsó la presentación de los proyectos en el año 2018 fue el doble femicidio de Karina Apablaza y su hija Valentina, ocurrido en Las Ovejas en febrero de ese año. Acotó que los jueces o juezas penales o civiles podrán ordenar la inclusión o exclusión del Registro cuando haya sentencia firme o cuando se violen las medidas de restricción ordenadas por la justicia.
También sostuvo que se busca “inducir a quienes ejercen violencia a que encuentren el tratamiento adecuado y depongan la actitud violenta” y remarcó que con la ley se pretende generar “una herramienta más para que la justicia pueda contar con elementos para disuadir a las personas que ejercen violencia”.
Las personas que figuren en el Registro estarán inhabilitadas para ser candidatas a cargos electivos provinciales o municipales, al tiempo que no podrán ser designadas como funcionarios provinciales o municipales, ni acceder a habilitaciones, concesiones, licencias o carnés de cualquier tipo. Tampoco podrán ser proveedores o contratistas del Estado ni ingresar a las fuerzas de seguridad o a la planta de agentes del Estado.
Desde el FdT, la diputada Ayelén Gutiérrez destacó la necesidad de contar con más herramientas para erradicar la violencia de género y la enmarcó en la actual situación de pandemia que –dijo- incrementó los casos en un 40%. Rescató las inhibiciones que propone la ley para que las personas que ejercen violencia de género ocupen cargos púbicos y señaló que las medidas planteadas en la norma respetan las garantías constitucionales de las personas y el debido proceso.
Su compañera de bloque, Soledad Martínez, manifestó que el Registro tiene como objetivo que “los violentos entiendan que sus actos tienen consecuencias más allá de esa realidad intrafamiliar que violentan” y aclaró que de ninguna manera pretende “disimular” el camino pendiente que la provincia tiene en materia de violencia hacia las mujeres, como así tampoco entender que soluciona la problemática.
En sentido similar, el diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) planteó que “no es la solución a la pandemia de la violencia familiar” pero “puede ser un elemento más en esta batalla”. Desde el FIT, la diputada Patricia Jure argumentó su oposición al considerar que “es una ley de autoencubrimiento” y planteó que debería incluir “a todo el Poder Judicial y a todo el Estado por poner en vulnerabilidad a las mujeres”.
Advirtió que los casos con condena firme son un ínfimo porcentaje de la realidad y remarcó que la salida “no es que hagamos demagogia con las mujeres”.