El debate comenzó ayer con la declaración de varios testigos y hoy está previsto que sean los alegatos. También declararán los imputados.
El juicio contra dos empleados de la Policía de Neuquén, que están imputados por el delito de peculado en grado de tentativa, comenzó ayer en el Juzgado de esta localidad.
Fuentes judiciales informaron que ayer declararon entre 8 y 9 testigos citados tanto por la fiscalía como por la defensa de los policías acusados. El juicio lo preside el juez Juan Pablo Balderrama.
El juicio comenzó alrededor de las 9 y se extendió hasta las 15 aproximadamente, informó el abogado Javier Cardellino, que asiste a los imputados.
Las fuentes comentaron que hoy está previsto que tanto el fiscal Adrián De Lillo, con la asistencia del fiscal adjunto Ramiro Amaya, como el defensor particular expongan sus alegatos ante el juez.
Es decir, que hoy se conocerá si la fiscalía pide o no declarar responsables del delito de intento de peculado a los dos policías.
El defensor particular explicó que también se espera que hoy antes de que finalice la audiencia declaren los acusados.
En diciembre pasado, De Lillo había imputado a los dos policías, que cumplían funciones en el destacamento Nahuel Huapi, por el delito de peculado, en grado de tentativa.
Los acusó por haber intentado apropiarse de varios elementos que transportaba Esteban Luis Sardi, que murió tras un vuelco en la Ruta Nacional 327.
El siniestro vial ocurrió el 26 de septiembre pasado. Sardi era empleado del Instituto Nacional de Cine y de Artes Audiovisuales (Incaa) y murió cuando regresaba a Buenos Aires después de que participara de un Festival Audiovisual, que se hizo en Bariloche.
El fiscal atribuyó a los policías haber tratado de apoderarse de un proyector de cine, un televisor de 42 pulgadas, y otros elementos como reflectores, que Sardi transportaba en el automotor que conducía cuando volcó.
Cuando ocurrió el vuelco y murió el conductor, personal del destacamento Nahuel Huapi, que depende de la comisaría 28 de Villa La Angostura, hizo las diligencias de rigor y levantó los elementos que transportaba la víctima.
Se hizo el acta de secuestro correspondiente y se informó al fiscal del procedimiento que se había hecho. Días después, se presentó un funcionario de la provincia de Río Negro a reclamar la restitución de las cosas y se le entregó una parte de los elementos secuestrados. Los otros fueron ocultados dolosamente por los policías imputados, según la acusación fiscal.
Después, los elementos fueron hallados en un galpón ubicado en el predio del destacamento Nahuel Huapi por un empleado policial, que advirtió el hallazgo a las autoridades.
Cuando los policías fueron citados a declarar explicaron que los elementos habían sido donados al destacamento. Desde la fiscalía se hizo la consulta al Incaa que desmintió haber hecho una donación.
En marzo pasado hubo un intento de hacer un juicio abreviado, donde los policías estaban dispuestos supuestamente a reconocer la autoría del hecho que se les atribuye, pero a último momento el acuerdo se desmoronó. Por eso, el proceso penal siguió adelante y ahora están siendo juzgados.
