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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluará un pedido de la comunidad Paichil Antriao

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Se trata de una medida cautelar solicitada al organismo internacional para que se le ordene al Estado argentino que se respete el resguardo que la comunidad mapuche hace en el sector Pichunko.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición contra la Argentina que había hecho en mayo del año pasado la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao para que ese organismo dicte una medida cautelar para proteger el sector Pichunko e impedir el avance de un desarrollo inmobiliario por el impacto ambiental.

El abogado de la comunidad Virgilio Sánchez informó esta mañana de jueves a LA ANGOSTURA DIGITAL que la CIDH había declarado admisible la petición del Lof Paichil Antriao.

El próximo paso es que la CIDH resuelva si admite o no la medida cautelar solicitada por la comunidad.

Explicó que es similar al proceso cuando la CIDH dispuso una medida cautelar por el Rewe (lugar sagrado) “en el terreno de (William) Fisher”.

Dijo que desde ese organismo internacional hicieron “la comunicación oficial a través de Cancillería comunicando que la CIDH ha tomado el caso por violación a los Tratados de los Estados parte”.

“Pedimos una medida cautelar, todavía no está resuelta porque primero deben comunicar el caso al Estado parte (por Argentina). Es el procedimiento de la OEA”, sostuvo el abogado.

Justamente, en la presentación que Sánchez hizo en mayo pasado solicitó el mantenimiento y ampliación de las medidas cautelares oportunamente otorgadas por la CIDH.

Relató en ese momento que la comunidad mapuche Paichil Antriao se encontraba  “en una compleja situación hostigamiento y violencia institucional, que irroga no sólo el mantenimiento de las medidas cautelares oportunamente concedidas por ese organismo internacional, sino que las mismas se amplíen hacia el resguardo territorial que la comunidad mapuche viene llevando adelante en defensa de su territorio ancestral, denominado “Pichunko” el que se encuentra actualmente amenazado”.

El hecho y los fundamentos

El abogado sostuvo en el planteo ante la CIDH que ese sector de lo que consideran territorio mapuche se encuentra amenaza “por el accionar de particulares como del propio Estado, que en forma actual criminaliza a sus miembros por realizar acciones culturales en defensa y saneamiento de su territorio, frente al daño ambiental y cultural realizado por empresarios inescrupulosos con la aquiescencia del Estado, sobre su territorio ancestral, en menoscabo de sus derechos comunitarios y en flagrante violación a la Ley de Bosques local, sin perjuicio del incumplimiento al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”.

En el pedido presentaron todos los reclamos y recursos presentados ante el gobierno de la provincia.

“El resguardo territorial que lleva adelante la comunidad mapuche en la zona denominada “Pichunko”, es una acción colectiva mediante la cual la comunidad permanece en el lugar, para realizar una ceremonia que se denomina “Wixaxipan”, devolviéndole al bosque dañado su “Newen” (fuerza) para recomponer y restablecer el equilibrio y la biodiversidad”, explicó el abogado a la CIDH.

“Estas ceremonias sagradas llevarán un proceso, en el cual los miembros de la comunidad deben cuidar que nadie altere el lugar donde se han practicado los ritos, lo que requiere que miembros de la comunidad designados al efecto, permanezcan in situ practicando ritos y realizando tareas culturales en el lugar, donde se traerá a un/a “machi” (sacerdote) que completará las tareas de saneamiento de la tierra”, añadió en la presentación.

“Estas acciones comunitarias de resguardo territorial y de saneamiento cultural llevadas adelante por la comunidad mapuche Paichil Antriao dentro de su territorio ancestral, son totalmente desconocidas por el Estado Provincial, quien lleva adelante una política de criminalización través del

Ministerio Público Fiscal, quien receptando denuncias de usurpación efectuadas por particulares (presuntos titulares de dominio de las tierras), les han formulado cargos por el presunto delito de usurpación” a varias personas de la comunidad.