Así lo informó el fiscal jefe Fernando Rubio en declaraciones a La Angostura Digital. Anticipó que esta semana habrá novedades en relación a esa causa donde se investiga si los concejales de Villa La Angostura cometieron el delito de desobediencia a una orden judicial.
El fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubio, informó este miércoles que la fiscalía sigue adelante con la recolección de evidencias en la investigación preliminar relacionada con el presunto incumplimiento por parte de los concejales a una orden judicial, que dispuso el 14 de enero pasado la suspensión de una sesión especial relacionada con el juicio político al exsecretario de Economía municipal, Daniel Brito.
“Estamos produciendo prueba, en breve habrá novedades pero no las puedo adelantar”, explicó a LA ANGOSTURA DIGITAL el fiscal jefe que justamente fue quien pidió el miércoles de la semana pasada el allanamiento del Concejo Deliberante al juez de garantías en feria Nazareno Eulogia para retirar documentación para la investigación.
El allanamiento en el Concejo Deliberante generó numerosas reacciones y repudios desde sectores políticos vinculados al Frente de Todos, Cambiemos y otros sectores que no comulgan con el MPN.
Desde el MPN hasta el momento nadie se pronunció sobre el tema.
El fiscal jefe dijo que no apareció hasta el momento el acta de la polémica sesión del 14 de enero, que el juez a cargo del juzgado procesal administrativo de Zapala Matías Nicolini había ordenado cuando hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Brito como parte de la demanda que promovió contra la Municipalidad de Villa La Angostura (que incluye el Concejo Deliberante) por supuestas irregularidades en el juicio político que lo removió de su cargo por mal desempeño.
Rubio dijo que solo “hay borrador y grabación” de la sesión donde se dictó el veredicto condenatorio contra Brito por mal desempeño en sus funciones.
Como algunos concejales aclararon durante el proceso, el juicio político analiza irregularidades administrativas en el desempeño del cargo de la persona juzgada; no es un juicio penal.
Los concejales fueron notificados del inicio de la investigación por parte de la fiscalía la semana pasada en la comisaría 28 de Villa La Angostura.
Justamente, la fiscalía reúne pruebas para determinar si los concejales desobedecieron una orden judicial y como explicó Rubio tras el allanamiento que se hizo el jueves al mediodía.
El fiscal dijo que tiene que evaluar si además los concejales cometieron además el delito de falsedad ideológica.
Por eso, desde el Ministerio Público Fiscal dijeron que Rubio notificó a las y los concejales Agustina Vaca Arenaza; María Eugenia Mesa; Marta Cicconi; Sergio Troche; Melisa Salamanca; Walter Espíndola; y David Tressens, y a la secretaria del cuerpo Magalí Díaz, del inicio de la investigación penal.
El Concejo Deliberante tiene la facultad de someter a juicio político al intendente, viceintendente y funcionarios denunciados por irregularidades administrativas, según la Carta Orgánica Municipal.
Las denuncias por la comisión de supuestos delitos las investigan los fiscales.
Pero la persona sometida a juicio político tiene el derecho constitucional que el procedimiento del juicio político se haga respetando las garantías constitucionales, como el debido proceso.
