Así lo plantearon en una reunión que se hizo el viernes con representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación y la presidenta del INAI. Fiscales neuquinos fueron blanco de los cuestionamientos.
Un grupo de propietarios y de abogados, en representación de dueños de lotes en disputa con familias de la comunidad mapuche Paicil Antriao, expusieron el conflicto que se vive en Villa La Angostura ante autoridades del gobierno nacional con la intención de que intercedan para resolver la situación.
Además, expresaron sus críticas, sobre todo, por la “inacción de fiscales”, que intervienen en las causas donde hay denuncias por usurpaciones de tierras privadas por parte de integrantes de la comunidad Paicil Antriao.
El encuentro se desarrolló el viernes por la mañana en el Ministerio de Seguridad de la Nación y participó la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Jimena Psathakis, un integrante del directorio de la Administración de Parques Nacionales, un representante de la dirección provincial de Tierras. Todos fueron convocados por el director de relación con los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Diego Arenas.
Así lo informó el abogado local Héctor Vénica, que asistió a la reunión, junto con Juan Bautista Terzzolo, Carlos Romano, Norberto Dabas, el abogado de Emanuel Ginóbili, Fabián Converti, Cristian Furlong y Jorge Núñez, que es apoderado de La Posada.
“El tema concreto y sustancial del encuentro fue informar la inacción por parte de funcionarios de la justicia provincial con relación a los delitos que se están cometiendo a partir de las tomas y usurpaciones de terrenos privados posteriores a 2006”, explicó Vénica a LA ANGOSTURA DIGITAL.
Dijo que desde Nación habían invitado al Procurador de la provincia, José Gerez, pero no asistió.
Vénica dijo que la presidenta del INAI informó sobre los convenios que se tienen que firmar con la provincia de Neuquén para darle continuidad al relevamiento territorial y señaló que hay dos conflictos puntuales en Neuquén: uno es en Villa La Angostura y otro con una comunidad mapuche instalada en Vaca Muerta.
El ojo en el conflicto local
Vénica comentó que durante la reunión “nos enfocamos en el conflicto con la comunidad Paicil Antriao”. Dijo que se analizó, por ejemplo, cómo obtuvieron la personería jurídica.
El abogado sostuvo que los funcionarios de Nación aclararon con respecto a la ley 26160 de comunidades indígenas, que fue sancionada en noviembre de 2006 por el Congreso de la Nación y prorrogada hasta noviembre de 2021, que “todas las tomas de tierras privadas posteriores a noviembre de 2006 hasta la fecha son delitos donde tiene que intervenir la justicia”.
Esa normativa nacional fue la que impulsó justamente el relevamiento territorial y suspende los desalojos de las comunidades indígenas que ocupan tierras desde hace décadas.
Vénica dijo que los funcionarios nacionales se comprometieron a comunicarse con funcionarios de la provincia para plantearles la necesidad de “no admitir la justicia por mano propia”.
Por eso, desde Nación le pedirán información a la provincia sobre los conflictos.
“Acordamos además mantener una red de comunicación con el Ministerio de Seguridad de Nación a los fines de mantenerlos informados”, explicó Vénica.
Señaló que para reanudar el relevamiento territorial falta firmar el convenio con la Provincia y el INAI. Por el momento, la presidenta del INAI informó que estaban intercambiando borradores. Y además falta definir el tema del presupuesto.
Dijo que él comentó en la reunión los antecedentes de la comunidad Paicil Antriao que “es una comunidad urbana que se constituye para recuperar la cultura y las raíces mapuches”.
“Mi compromiso es seguir buscando justicia. Los fiscales y los camaristas tienen gran parte de responsabilidad en lo que ocurre porque están actuando de manera dilatoria para resolver este conflicto”, sostuvo Vénica.
