Con sus dirigentes imputados, ATE se reúne con el gobierno provincial. El fiscal Vignaroli los encausó por cortar calles y "coaccionar" contra el Gobierno en la negociación.
Si no ocurre ningún imprevisto de último momento, el Gobierno y ATE se sentarán esta mañana a seguir negociando las diferencias en torno a la aplicación del convenio colectivo de trabajo del sector Salud y Desarrollo Social. La reunión, pautada para las 8 en la Ciudad Deportiva, se desarrollará en un clima que se corta con cuchillo.
En la previa, los máximos dirigentes del gremio se enteraron de que un fiscal del fuero Penal los imputó por “entorpecimiento del tránsito y coacción”. Al mismo tiempo, el ministro de Gobierno, Mariano Gaido, enfatizó en los medios que la administración avanzará en la liquidación salarial con el descuento de los días de huelga, con lo cual hay trabajadores que percibirán menos de la mitad de sus ingresos habituales.
Los dirigentes de ATE, Carlos Quintriqueo, secretario general, y Jorge Marillán, adjunto, llamaron a una conferencia de prensa ayer en la tarde para repudiar “los aprietes” de la Provincia en el marco de la negociación. Quintriqueo le dijo a este diario que “el Gobierno quiere correr a los trabajadores con el descuento, pero los compañeros saben cómo es la situación desde el primer día”. Agregó: “Si avanzan sobre los sueldos, la protesta va a crecer porque habrá el malestar de los trabajadores”.
Los dirigentes de ATE acusaron a la Justicia de estar actuando como “brazo ejecutor del poder político” en una estrategia para limar la fuerza del plan de lucha que se inició en Salud y Desarrollo Social y, luego, sumó a todas las reparticiones de la administración pública.
Los dirigentes gremiales declararon que había una orden de detención sobre ellos. La versión fue desmentida por el fiscal Pablo Vignaroli, quien tiene a su cargo una investigación sobre la presunta comisión de delitos de los gremialistas durante el plan de lucha, a instancias de las denuncias presentadas por el gobierno de Omar Gutiérrez. En concreto, Vignaroli procedió a notificar la imputación de Quintriqueo y Marillán, además de otros integrantes del gremio de los estatales. Una de las acusaciones es por cortar el tránsito en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. La otra es por coacción contra los funcionarios de la administración de Gutiérrez. En este caso, el fiscal consideró que las prácticas elegidas por el gremio para protestar tienen fines extorsivos, tal como las calificaron los ministros Gaido y Ricardo Corradi Diez, de Salud y Desarrollo Social.
Como contrapartida, ATE acusa al Gobierno de extorsionar a los trabajadores con sus prácticas en medio de las negociaciones. Quintriqueo aseguró que la entidad gremial irá a la Justicia con las denuncias correspondientes contra la gestión provincial por “práctica desleal”.
Al margen, las dos caras de un conflicto eterno
El Gobierno contra las formas. El ministro de Gobierno, Mariano Gaido, advirtió: “Respetamos el derecho a huelga, pero entendemos que no corresponde plantear la discusión en términos de quién habla más fuerte. La metodología tiene que ser absolutamente de buena fe entre ambas partes”.
Crece la adhesión, según ATE. La dirigencia de ATE consideró que el paro por tiempo indeterminado gana adhesiones día a día. El titular del gremio, Carlos Quintriqueo, dijo que en el ámbito de los auxiliares de las escuelas el acatamiento, ayer, fue superior al 90 por ciento.
Lo que está en debate. El conflicto se inició por la aplicación del convenio colectivo de trabajo de Salud y Desarrollo Social. Las diferencias en ese aspecto seguirán en discusión en la reunión convocada para hoy. El panorama es complejo.(LM Neuquén)
