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Fri, Jul

Se intensificaron los controles migratorios para no dejar ingresar personas con antecedentes

PASO CARDENAL SAMORE
La ciudad
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El gobierno impuso por decreto los cambios en la ley de Migraciones que acelera la deportación de extranjeros que hayan delinquido, proceso que actualmente puede extenderse por siete años. También restringe el ingreso de personas con antecedentes.

El gobierno modificó la Ley de Migraciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, que busca impedir el ingreso al país de personas vinculadas con delitos y la realización de fraudes para evadir controles fronterizos y acorta los tiempos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales.

“Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional, la presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada, o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales o de fuerzas de seguridad” dice la norma.

Se le negará el ingreso al visitante que haya “sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan, según las leyes argentinas, penas privativas de libertad”.

Tampoco podrán ingresar aquellos vinculados con “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.

La medida alcanza a quienes hayan “incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional”.

Tampoco podrán “tener antecedentes o haber incurrido o haber participado en actividades terroristas o pertenecer a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por la Corte Penal Internacional o por la Ley N° 23.077 de Defensa de la Democracia”.

“En relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, el 33% de las personas bajo custodia del SPF son extranjeros”, dicen en los considerandos.(ABA-Río Negro)