Los fondos serán depositados en los próximos días. Deben ser utilizados para los programas previstos en la ley 2302 de protección integral de niños y adolescentes y de violencia familiar que están a cargo del municipio.
El gobierno provincial autorizó por decreto el envío de 480.705 pesos a la Municipalidad de Villa La Angostura para financiar los programas de la ley 2302 de protección integral de niños y adolescentes.
El municipio es el órgano de aplicación a nivel local de gran parte de los programas de asistencia destinados a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
Desde el municipio habían planteado desde hace tiempo la necesidad de incrementar los fondos que enviaba la Provincia al municipio para los programas de la ley 2302.
El decreto se suscribió el 26 de septiembre de 2016 y los fondos se recibirán en los próximos días, indicó el intendente Guillermo Caruso que viajó esta semana a la ciudad de Neuquén.
“El gobierno provincial en función de garantizar los derechos fundamentales del niño y del adolescente consagrados en la ley 2302 y atendiendo los ejes conceptuales explicitados en el artículo 29 de dicha norma, descentraliza administrativa y financieramente al nivel municipal – el que junto al provincial tiene la obligación de llevar a cabo las políticas necesarias para hacer efectivos tales derechos – la ejecución de políticas públicas de protección integral de derechos de la niñez, adolescencia y familia, a efectos de lograr mayor autonomía y eficiencia en la implementación de las mismas”, dice el decreto 1326 que autorizó el envío de los fondos.
En la norma se destaca que el artículo 5 de la ley 2302 establece que los niños y adolescentes tendrán prioridad en la protección y auxilio, tanto en la formulación y ejecución de las políticas sociales como en la asignación de los recursos públicos.
Los fondos también se destinarán a financiar los programas correspondientes a la protección y asistencia a víctimas de violencia familiar como a los programas de prevención y erradicación de la violencia familiar.
En el decreto se indica que el gobierno provincial y los gobiernos municipales entienden que la descentralización de las políticas públicas sociales, es la manera más efectiva de garantizar la rápida y oportuna respuesta a los ciudadanos que se encuentren en situaciones de riesgo donde sus derechos son violados o vulnerados.
El envío de los recursos desde la Provincia a los municipios tiene como objetivo mejorar la autonomía y brindar una mayor eficacia de los niveles locales en la ejecución de las políticas sociales, destaca el decreto provincial.
