La Comisión de Producción se pronunció en contra de la Resolución inconsulta del SENASA, que llevó a la Provincia de Neuquén a presentar un recurso de amparo. En otro orden, los diputados comenzaron a debatir una propuesta para que comercios gastronómicos de la Provincia ofrezcan agua potable en forma gratuita al público.
Con un debate sobre campañas electorales y financiamiento, comenzó el tratamiento del proyecto de reforma electoral en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
Los diputados fijaron posición sobre el tema y retomarán la discusión el próximo martes, cuando está previsto que se avance sobre el instrumento electoral. A la vez, el cuerpo que preside el diputado Mario Pilatti (MPN) emitió despacho por mayoría al presupuesto del poder Judicial 2017 que está fijado en 2.337 millones de pesos.
La iniciativa será tratada esta tarde en la comisión de Hacienda y Presupuesto, junto a los presupuestos de la Administración Provincial y del poder Legislativo.Durante el tratamiento de la Reforma Electoral, Pilatti remarcó que el proyecto –enviado por el poder Ejecutivo- llena un vacío legal, al tiempo que “ordena y fija parámetros sin meterse en la vida privada de los partidos”.
Dijo que el financiamiento electoral debe ser público y privado, y sustentó su posición en el artículo 56 de la Constitución Provincial que establece que el Estado debe garantizar el libre funcionamiento de todos los partidos políticos sin injerencia estatal en su vida interna y actividad pública.
En ese sentido, se pronunció a favor de un financiamiento público con un rol igualador, que fije un piso de oportunidades, pero permitiendo la incorporación de la actividad privada a la vida política. También rescató la incorporación de un límite máximo al gasto electoral por categoría que, según estimó, será de 7 millones de pesos; y a los aportes de personas físicas y jurídicas que no podrá superar el 5% del gasto máximo por categoría, lo que equivale a 350 mil pesos.
A la vez, señaló que el proyecto admite el aporte de personas jurídicas pero con limitaciones a quienes tengan vinculaciones con el Estado.
Su compañero de bloque, Claudio Domínguez, pidió consultar “si la gente está dispuesta a que parte de sus impuestos sean gastados en campañas políticas” y se pronunció a favor de blanquear el aporte de los privados a las campañas.
Desde el FpV, Guillermo Carnaghi propuso que el Gobierno no sólo financie los medios sino también las campañas de los partidos políticos, como en la Ley Nacional de Financiamiento de los Partidos, y postuló que se prohíba el financiamiento por parte de personas jurídicas.
Objetó que el proyecto del Poder Ejecutivo no refleja los lineamientos debatidos en las reuniones que realizó el Gobierno con todos los partidos políticos y planteó modificaciones a los tiempos de las campañas, en función de la propuesta de incluir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la ley de reforma.
La diputada Pamela Mucci (FPN-UNE) consideró elemental conocer las leyes electorales que están vigentes para no generar discusiones sin coherencia jurídica y cuestionó que durante el debate se distorsionen temas centrales de la democracia. Su par de la UCR, Alejandro Vidal, se pronunció a favor de una compulsa electoral de propuestas y no de estructuras, y manifestó que el Estado “debe propender y destinar fondos a equilibrar la participación política de todas las fuerzas que participan de un acto eleccionario”.
A su turno, Jesús Escobar (Libres del Sur) remarcó que la reforma política debe ser a favor de la sociedad, no del gobierno; y consideró que el proyecto “es una receta para conservar el poder”. En tanto, Raúl Godoy (PTS-FIT) criticó la prioridad otorgada a la reforma electoral en el debate político y pidió que se discutan temas vinculados a la violencia contra las mujeres, educación, salud y trabajo. Planteó la prohibición del financiamiento privado de la publicidad electoral y se pronunció a favor del financiamiento público con topes.
Despacho por mayoría al presupuesto del Poder Judicial
El presupuesto judicial para el 2017 obtuvo despacho por mayoría con 10 votos favorables y el voto negativo del FpV y PTS-FIT. El cuerpo recibió al Administrador General del poder Judicial, Eduardo Manqueo, quien señaló que el Poder Judicial recibirá 581 millones de pesos de asistencia financiera por parte del Poder Ejecutivo; 1.680 millones en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos y 75 millones por recursos propios.
A la vez, pidió la revisión del 18% de coparticipación que le corresponde por Ley N° 1.971 y aseguró que hay una “ausencia de autarquía material”. En su exposición, Manqueo señaló que la partida que mayor gasto demanda es la de “Personal”, con una afectación de 2.043 millones de pesos que representa el 91% de los gastos corrientes.
La suma contempla los cargos de planta ocupados más el crecimiento vegetativo y la cobertura de las vacantes que demandará la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Primera Instancia en lo Procesal Administrativo en la I Circunscripción, el fuero penal en Rincón de los Sauces y los Juzgados de Paz N° 3 y 4 de la ciudad de Neuquén.
El Administrador General afirmó que el presupuesto “cubre las necesidades mínimas del servicio de justicia” y adelantó que “no va a ser factible profundizar la puesta en funcionamiento integral de la reforma del Código Procesal Penal porque va a haber cargos que no se van a poder cubrir”.En otro orden, la comisión aprobó por unanimidad el despacho que adhiere a la ley nacional de Defensa al Consumidor –Nº 27.265-.
El diputado Sergio Gallia (Adelante Neuquén), impulsor de la iniciativa, explicó que el objetivo es prohibir a las empresas prestadoras de servicios que cobren preaviso y efectivicen la baja al momento de ser solicitada por los usuarios.
