El abogado que representa a las beneficiarias del loteo social que denunciaron al exintendente Roberto Cacault y al entonces viceintendente Guillermo Caruso por presuntas irregularidades en la permuta de tierras con un grupo empresario, criticó la resolución del fiscal Adrián De Lillo.
“No creo que sea objetivo”, afirmó el abogado Héctor Vénica en relación a la decisión del fiscal Adrián De Lillo, que desestimó la denuncia que había presentado a mediados del año pasado un grupo de unos 40 beneficiarios del loteo social contra el exintendente Roberto Cacault, el entonces viceintendente Guillermo Caruso y demás posibles partícipes por presuntas irregularidades en el canje de tierras entre el municipio y un grupo empresario.
Vénica dijo esta mañana que aún no se reunió con las denunciantes para evaluar la resolución del fiscal. “La realidad es si realmente como querellantes vamos a tomar la posta que abandonó el fiscal y si seguimos adelante con la investigación”, explicó Vénica. Indicó que tras la desestimación de la denuncia por parte del fiscal, “ahora queda en cabeza de la querella la investigación y la querella no tiene los medios económicos como tiene la fiscalía”.
“Hay una desproporción muy grande entre la capacidad y los recursos de la fiscalía y la víctima como querellante”, sostuvo. Opinó que el fiscal tendría que haber hecho “un análisis integral de los elementos de la realidad”.
“Bajo el paraguas de que fue una decisión política el armado del canje, entonces se puede avalar”, cuestionó Vénica. “Hay que evaluar qué van a hacer las beneficiarias”, dijo el apoderado legal. Pero advirtió que “hay una gran limitación porque las beneficiarias de un loteo social no tienen los recursos para seguir una investigación. Y eso lo sabe el fiscal”.
“De acá a un tiempo será la realidad la que va a castigar lo que se hizo con este canje”, enfatizó. “Si uno lee la resolución dice que va a permitir la incorporación de pruebas como para reabrir la investigación, pero lo dudo que pase”, aseguró.
No entran 431 familias
Insistió que la realidad indica que no entran las 431 familias en los macrolotes destinados al loteo social producto del canje de tierras que Cacault firmó con el representante del grupo empresario Slots Machines, Juan Altieri. “Si una parte entregó cinco macrolotes donde entran unas 270 familias y el gobierno municipal entregó un lote donde entran 430 familias, ¿dónde está el bien común? Me parece que el bien común no es del municipio”, advirtió Vénica.
“Salvo que él (por el fiscal) interprete que el bien común es de los que permutaron los macrolotes, porque seguro que no es el bien común de las 431 familias”, aseguró. “Es la realidad que tenemos”, lamentó.
De Lillo recordó en su resolución, a la que tuvo acceso LA ANGOSTURA DIGITAL, que los denunciantes señalaron la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, junto con el presunto delito de defraudación con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido u ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante.
La resolución del fiscal no está firme porque puede ser revisada por un juez de garantías a pedido de las denunciantes que son querellantes en la causa. De Lillo concluyó tras la investigación preliminar que duró varios meses que no se pudo acreditar, “más allá de las formulaciones efectuadas por los denunciantes, que el entonces Intendente Roberto Cacault o bien quien ejercía la vice-intendencia, Guillermo Caruso, se hubieran interesado en miras de un beneficio delictivo de terceros en la operatoria de canje”.
“Cierto es que los denunciantes apuntalan circunstancias que a su entender dan configuración a un tipo delictivo, pero sin perjuicio de reconocer su loable esfuerzo, los argumentos que esgrimen conforman una hipótesis no sostenible probatoriamente”, afirmó el fiscal.
