Hay declaraciones de la asesora legal del Concejo Deliberante y de la secretaria parlamentaria que revelaron que todos los ediles estaban al tanto de la cautelar, que ordenaba suspender la sesión del 15 de enero pasado. Un testimonio dio detalles de cómo se armó la maniobra para no cumplir la orden del juez.
El fiscal jefe Fernando Rubio y el fiscal adjunto Ramiro Amaya sostuvieron la acusación contra el presidente del Concejo Deliberante, David Tressens Ripoll, y los concejales Walter Spíndola, Melisa Salamanca, Sergio Troche, Marta Cicconi, María Eugenia Mesa y Agustina Vaca Arenaza, con varias pruebas.
Amaya relató que contaban con la entrevista que habían hecho a la asesora legal del Concejo Deliberante, la abogada Claudia Crocco, designada veedora en el juicio político al exsecretario de Economía del municipio, Daniel Brito.
“Entre otras cuestiones (la doctora Crocco) hizo conocer, que a partir de la publicación efectuada por un medio digital el 14 de enero ingresó al sistema de consultas de expedientes web del Poder Judicial y pudo confirmar que efectivamente el juez Matías Nicolini había ordenado la cautelar que suspendía la sesión del 15 de enero a las 8”, informó Amaya al juez de garantías Nazareno Eulogio, en la audiencia que se hizo este viernes.
“También, señaló la doctora Crocco que, inmediatamente, después de haber confirmado la existencia de la medida cautelar, envió un correo electrónico al presidente del Concejo Deliberante y a la vicepresidenta informando la medida que había impuesto el juez”, contó Amaya en la audiencia pública.
Dijo que en la entrevista Crocco “sostuvo también que todos los concejales entendieron que la medida dispuesta por el juez debía ser cumplida”.
Amaya detalló además la entrevista que habían mantenido con la secretaria parlamentaria del Concejo Deliberante, Magalí Diaz, que estuvo asistida por su defensor de confianza.
“De su relato surge que el 14 de enero de 2021 mantuvo conversaciones e intercambios de audios por WhatsApp con Tressens Ripoll, quien le dijo que le había llegado un correo electrónico mediante el cual le daban a conocer que el juez había dispuesto la medida cautelar y que disponía de la suspensión de la sesión”, convocada para el día siguiente, refirió el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
“Surge que la tarde del 14 de enero, Tressens Ripoll la citó para que concurriera al Concejo Deliberante a las 9 del 15 de enero porque ya no tenía sentido ir a las 9 si la sesión había sido suspendida”, contó Amaya.
Testimonio clave
Dijo que Díaz había relatado que la tarde del 14 de enero, “Tressens Ripoll le manifestó que él se encargaría de reenviar el correo electrónico de la medida cautelar a todos los concejales”.
“También dijo que mediante conversaciones que mantuvo la noche del 14 de enero del 2021, Tressens Ripoll le refirió que iban a sesionar igual y la citó para el 15 de enero”, informó Amaya.
“Y ante la negativa de Díaz de participar de la sesión del 15 de enero por entender que iba en contra de la orden judicial, Tressens Ripoll le solicitó que concurriera a las 7 de la mañana para mostrarle cómo debía hacer con el sistema de grabación requiriéndole que entrara oculta y que no recibiera nada antes de ingresar al Concejo”, afirmó el fiscal adjunto.
Dijo que el presidente del Concejo “también le habría dicho (a Díaz) que si alguien la consultaba que ella dijera que no iba a estar por encontrarse indispuesta circunstancia que Díaz hizo saber que no era verdad”.
“Se desprende también del testimonio de Díaz que todos los concejales conocían sobre la existencia de la medida cautelar que ordenaba la suspensión de la sesión”, aseguró Amaya.
Contó al juez que tenían los antecedentes del caso del juicio político a Brito y la resolución de Nicolini.
“También, la actuación notarial de la escribana Laura Mariela Duarte que constató que las puertas de acceso del Concejo Deliberante se encontraban cerradas a las 7.40 del 15 de enero de 2021 y que fueron abiertas a las 8, cuando la sesión ya había sido iniciada”, indicó Amaya.
Dijo que contaban con la constancia del 14 de enero a las 20.16 que “da cuenta de la remisión del correo electrónico originado en la Intendencia de la Municipalidad con destino al correo de la secretaria parlamentaria del Concejo Deliberante, acompañando en archivo adjunto la resolución dictada y firmada digitalmente por Nicolini”.
Amaya sostuvo que además contaban con el borrador impreso del acta de la sesión extraordinaria del 15 de enero, en la que la sala juzgadora declaró culpable a Brito y lo removió del cargo por mal desempeño al constatar irregularidades administrativas.
También con la fotocopia de la resolución 14 de enero del presidente del Concejo que convocó a sesión extraordinaria a las 15 a las 8. El acta del allanamiento, una copia del acta y el audio de la sesión, que se resguardaron con cadena de custodia.
Los hechos que se les atribuyeron
Los fiscales relataron que a los 7 concejales se les atribuye que “siendo las 7.59 del 15 de enero 2021 en la sala de sesiones, desobedecieron una orden judicial dictada por el juez Matías Nicolini , ello por cuanto en la fecha dieron inicio y desarrollaron la sesión convocada por el Presidente”.
Además, advirtieron que los concejales “desobedecieron la orden del magistrado” que había ordenado expresamente “la suspensión de la sesión de la sala juzgadora del Concejo Deliberante fijada para las 8 del 15 de enero de 2021, bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial”.
Amaya relató que se le atribuye a David Tressens Ripoll “en su calidad de presidente del Concejo Deliberante, que siendo aproximadamente las 8 del 15 de enero, encontrándose en la sala de sesiones retardó la apertura de la puerta de acceso al Concejo para asegurar la publicidad íntegra de la sesión permitiendo la presencia del público desde el inicio de la sesión extraordinaria, con el fin de evitar que de cualquier forma se ponga en evidencia la maniobra urdida tendiente a incumplir una orden judicial”.
Por eso, los fiscales imputaron a los 7 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones.
Y a Tressens Ripoll además lo acusaron como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Otros posibles delitos
Amaya explicó al juez que se encontraban “analizando otras hipótesis de conductas (de los concejales) que podrían derivar en otras imputaciones delictuales”.
“No habremos de soslayar que en el presente caso, los imputados constituyen el pleno del Concejo Deliberante y que se investigan conductas inherentes al ejercicio de sus funciones circunstancia que torna la investigación por demás compleja y delicada”, sostuvo Amaya. Por eso, pidió un año para concluir la investigación preparatoria.
Rubio explicó al juez que lo que dispuso Nicolini “no fue solamente que no se lleve adelante la sesión de la sala juzgadora, sino la suspensión total del trámite del expediente del juicio político”.
Los abogados defensores de los concejales imputados no objetaron los cargos formulados por los fiscales. Y prestaron conformidad con el plazo de 1 año dispuesto por el juez para la investigación.
