Las denuncias que impulsaron la investigación se presentaron a principios de septiembre de 2017. Fuentes con conocimiento del expediente informaron que la fiscalía no pidió aún la audiencia de formulación de cargos contra los sospechosos.
Cuando trascendieron las denuncias por las presuntas irregularidades con la compra de combustible para los móviles y máquinas de la municipalidad y las ambulancias del hospital local, la noticia se transformó en un escándalo.
El intendente Guillermo Caruso y los abogados del municipio presentaron la denuncia en la fiscalía de Villa La Angostura para que se investigara si existieron las maniobras con la carga de combustible en la estación de servicio YPF Norte.
También, el entonces director del hospital de Villa La Angostura, Fabio Stefani, radicó la denuncia penal correspondiente.
Dos años después, poco se sabe del avance de la investigación preliminar. Fuentes que tienen acceso a la causa explicaron esta mañana de jueves a LA ANGOSTURA DIGITAL que la fiscalía no pidió todavía a la Oficina Judicial la audiencia de formulación de cargos, que es el paso inicial para avanzar con la investigación preparatoria.
Nada trascendió al respecto desde la fiscalía de Villa La Angostura. El municipio es querellante en la causa, pero la formulación de cargos la pide la fiscalía, aclararon las fuentes.
En el municipio la investigación administrativa finalizó el 22 de febrero cuando el intendente firmó el decreto con las sanciones para los ocho empleados municipales sumariados por numerosas irregularidades con la carga de combustible durante el período que va desde julio hasta septiembre de 2017, en la estación YPF Norte. La sanción más dura cayó sobre un director que fue exonerado.
Las fuentes comentaron que la expectativa que había en el Ejecutivo municipal era que la investigación penal finalizara antes de que concluyera sumario administrativo, pero eso no sucedió. Por eso, el municipio resolvió la situación administrativa de los 8 sumariados porque se agotaban los plazos.
La última información que trascendió sobre la investigación preliminar de la fiscalía local se publicó a principios de mayo pasado.
En esa ocasión, fuentes que tienen conocimiento del movimiento de la causa informaron que había llegado en abril el informe con los resultados de las pericias caligráficas que se hicieron a los sospechosos.
Se trataba de los cotejos entre las firmas que se tomaron a las personas involucradas en la causa y la documentación que la fiscalía tiene con los movimientos de la compra de combustible para móviles y vehículos de la municipalidad.
La fiscalía pidió esas pericias para determinar quiénes fueron los autores de las firmas que aparecen en las decenas de facturas de compra de combustibles para los móviles del hospital y del municipio.
El caso trascendió a principios de septiembre de 2017 a partir de que el dueño de la estación de servicio YPF Norte informara al Ejecutivo municipal y a la dirección del hospital local que había descubierto presuntas irregularidades en la compra de combustible para los móviles del municipio y del hospital.
A nivel administrativo, los 7 empleados municipales sancionados por Caruso ya cumplieron con los días de suspensión sin goce de haberes.
