El gobernador Omar Gutiérrez desestimó el reclamo contra las Resoluciones que permitieron la intervención en el lote de Fideicomiso Lago Correntoso. Pero envió el expediente a la autoridad de aplicación por la denuncia del daño ambiental.
El gobernador Omar Gutiérrez rechazó el recurso administrativo que había presentado el 21 de septiembre el abogado Virgilio Sánchez, en representación de la comunidad mapuche Lof Paicil Antriao, contra tres Resoluciones que dictó el ex Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia porque advirtió que estaban viciadas y eran de dudosa constitucionalidad.
La comunidad mapuche impugnó las resoluciones porque sostuvo que se delegaron facultades a la Municipalidad de Villa La Angostura que no correspondían y que permitieron la intervención en un lote donde estaba prohibido por la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Por eso, la comunidad había pedido sancionar al Fideicomiso Lago Correntoso por el supuesto “estrago ambiental” causado en ese lugar.
Según constató LA ANGOSTURA DIGITAL Gutiérrez firmó ayer el decreto 1306 donde desestimó el reclamo administrativo de la comunidad. En la normativa dispuso que se remitan las actuaciones al Ministerio de Producción e Industria en su calidad de autoridad de aplicación de la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos a efectos que por el área competente “se proceda a arbitrar los mecanismos necesarios relacionados a la denuncia impetrada sobre la presunta transgresión que habría llevado a cabo la firma Fideicomiso Lago Correntoso a la ley 2780”.
Sánchez explicó anoche que con el decreto que el gobernador firmó “está agotada la vía administrativa. Así que queda habilitada la vía judicial”.
“Es un juicio contra la provincia que se llama acción procesal administrativa y la iniciaremos en breve”, adelantó el abogado de la comunidad.
“De todos modos, rechazó la impugnación a las Resoluciones del exministro Leandro Bertoya, pero envía el expediente a la autoridad de bosques para que actúe sobre la denuncia contra el Fideicomiso Lago Correntoso”.
El abogado recordó que la denuncia se hizo el 28 de agosto de 2017 “y recién hoy deciden atenderla. Eso demuestra que el resguardo territorial que hizo la comunidad Paichil Antriao en Pichunco no sólo fue legítimo, sino necesario”.
La comunidad había presentado el primer reclamo ante el Ministerio de Producción e Industria y, después, interpuso el reclamo ante el Ejecutivo provincial “por considerar denegado tácitamente el reclamo administrativo” ante el organismo, que conduce el ministro Facundo López Raggi, que también firmó el decreto 1306.
El gobernador sostuvo en los considerandos del decreto que “la prueba incorporada” por la comunidad para demostrar el presunto estrago ambiental “consiste en un estudio técnico emitido por un organismo ajeno a la administración pública provincial siendo oportuno señalar que los informes de partes resultan inoponibles a la misma atento haber sido realizado unilateralmente sin intervención del organismo estatal competente”.
“Por tal motivo se considera pertinente la remisión de las actuaciones al Ministerio de Producción e Industria en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 2780, a efectos que por el área competente se otorgue efectivo tratamiento a la denuncia oportunamente incoada…”, sostiene el decreto.
