En el escrito, las adjudicatarias del loteo social pidieron una medida cautelar para suspender el avance del canje de tierras. Ahora, el máximo tribunal debe analizar si admite el planteo.
Las adjudicatarias del loteo social Fabiana Reyes y Natalia Antiago interpusieron ayer la demanda contenciosa administrativa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia y, junto con el recurso, pidieron una medida cautelar para suspender el avance del canje de tierras por parte del gobierno municipal. Así lo informó anoche Antiago a LA ANGOSTURA DIGITAL.
Explicó que el recurso lo presentó el adjudicatario Daniel Osovnikar. Antiago dijo que su apoderado legal sigue siendo el abogado local Héctor Vénica, que elaboró la demanda que se presentó en el TSJ siguiendo las recomendaciones que surgen del fallo del juez civil de primera instancia de Villa La Angostura, Jorge Videla.
El magistrado indicó esta semana en su fallo que la pretensión de las amparistas, que presentaron el 19 de agosto pasado una acción preventiva de daños y pidieron una medida cautelar para suspender el canje de tierras, debe canalizarse por la vía contenciosa administrativa. Videla dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado el 19 de agosto pasado, que había frenado el canje de tierra.
Como la medida cautelar se levantó, el intendente Roberto Cacault anunció que en el corto plazo firmará las escrituras por las tierras del canje con el grupo empresario Slots Machines. Aunque no indicó en qué fecha lo hará.
Desde el MPN señalaron ayer que la admisibilidad de la demanda contenciosa administrativa y el pedido de medida cautelar por parte del TSJ puede demorar varias semanas o meses. Por eso, estimaron que no afectará el avance del canje de tierras. Vénica criticó el dictamen del Fiscal jefe de la IV Circunscripción, Fernando Rubio, que había señalado que Videla no era competente para entender en la acción preventiva que habían presentado Reyes y Antiago y que debía declarar la nulidad de la medida cautelar.
Rubio indicó en su dictamen que la demanda correspondía al fuero contencioso administrativo. “El Fiscal Rubio ha tomado una decisión de darle un paraguas protector al municipio”, opinó Vénica tras conocer el dictamen. “Hay una acción concreta, sistemática y organizada para que no ejerzamos el debido control sobre las acciones de gobierno”, sostuvo el abogado que patrocina a las adjudicatarias.
Dijo que ese derecho está garantizado en el artículo 16, inciso segundo, de la Carta Orgánica Municipal. “El Fiscal Rubio pudo leer ese artículo y no faltarle el respeto al juez y a nosotros”, señaló.
Y destacó que el fallo de Videla “no tiene fisuras”. Vénica explicó que interpusieron la demanda contenciosa administrativa luego de que agotaron los reclamos por la vía administrativa ante el municipio.
