Así lo informó el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente del gobierno provincial en la respuesta que envió al Concejo Deliberante, que había pedido reanudar las tareas de manera urgente para resolver los conflictos por la disputa de tierras.
El relevamiento territorial de las comunidades indígenas, que prevé la ley 26.160, que fue prorrogada por el Congreso Nacional, sigue paralizado porque desde el gobierno nacional no enviaron el convenio correspondiente a la Provincia para poder reanudar las tareas.
El relevamiento es lo que reclama la comunidad mapuche Paicil Antriao desde hace años para tratar de resolver los conflictos que se originan por la posesión de tierras en Villa La Angostura.
El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente del gobierno provincial, Jorge Lara, envió una nota al Concejo Deliberante donde explica la situación en la que se encuentra el relevamiento territorial.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de dar respuesta a la comunicación 05/2018 aprobada en la sesión ordinaria del 9 de mayo del corriente año y remitida a esta Secretaria”, indicó Lara en la nota que firmó el 13 de junio pasado.
“Al respecto se informa que luego de haber mantenido una serie de reuniones con autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Neuquén, hasta el momento no nos fue remitido el modelo del Convenio entre el INAI y el Estado provincial para ser trabajado en conjunto a efectos de continuar con las tareas de Relevamiento ordenadas por la ley 26.160 y sus prórrogas”, explicó Lara.
El funcionario provincial responde la comunicación que el Concejo Deliberante aprobó donde solicitó al gobierno provincial, a las Autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo de la Provincia de Neuquén “dar cumplimiento de manera urgente, efectivizando el Relevamiento territorial tal cual lo estipula y ordena la Ley 26.160 y su prórroga Ley 27.400”.
En los considerandos de esa comunicación, los concejales plantearon que “en el marco de la necesaria pacificación social de la ciudad de Villa La Angostura y dada la necesidad actual de armonizar intereses y avanzar en el cumplimiento de las mandas constitucionales, procurando superar las situaciones de conflicto, la Ley Nacional 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de 4 años, suspendiendo por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras”.
Recordaron que dicha ley establece que durante los 3 primeros años contados a partir de la vigencia de la misma, el INAI deberá realizar el relevamiento técnico -jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
Y señalaron que “a los efectos de determinar las comunidades objeto de relevamiento el Convenio marco incorpora un Anexo I en el que figuran las comunidades Kinxikew y Paichil Antreao”.
Y advirtieron que “pasados doce años de la sanción de la ley nacional no se ha finalizado el relevamiento de las comunidades indígenas en nuestra zona y peor aún, se han detenido durante casi dos años las tareas de relevamiento luego de la asunción del nuevo gobierno nacional”.
“La falta de certeza en las situaciones territoriales actuales de esas comunidades indígenas ha significado un sinnúmero de conflictos de índole social, económica y judicial”, señalaron. Por eso, pidieron al gobierno provincial y al INAI cumplir con el relevamiento territorial en la zona.
