La fiscalía les atribuyó el delito de lesiones leves en agresión, en concurso real con el delito de daños. Es por el hecho que ocurrió la madrugada del 13 de junio del año pasado. Los acusados se abstuvieron de declarar.
La tercera fue la vencida. Después de dos intentos frustrados, ayer se pudo hacer la audiencia de formulación de cargos contra dos sujetos señalados como presuntos integrantes del grupo que atacó la madrugada del 13 de junio del año pasado a jóvenes mapuches en el sector conocido como Pichunko, en el faldeo del Belvedere.
El juez de garantías Mariano Etcheto admitió los cargos que el fiscal de Villa La Angostura Adrián De Lillo formuló ayer contra los dos imputados.
El fiscal les atribuyó haber sido coautores de las agresiones que sufrieron los jóvenes mapuches la madrugada del 13 de junio pasado.
Por eso, les imputó los delitos de lesiones leves en agresión, en concurso real con el delito de daños, informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL fuentes judiciales.
Los acusados estuvieron asistidos por la defensora oficial Sol Valero y siguieron las alternativas de la audiencia por el sistema de videoconferencia desde Buenos Aires.
Los acusados ejercieron su derecho de abstenerse de declarar y el juez dispuso un plazo de 4 meses para investigar el hecho atribuido a los imputados.
Las fuentes no indicaron si se les impuso alguna medida cautelar a los dos imputados, cuyas identidades se mantuvieron en reserva, durante el plazo que dure la investigación. Aunque por lo general se les exige a los acusados mantener el domicilio que indicaron a la justicia y no cambiarlo sin avisar.
Los dos sujetos imputados trabajan como empleados de seguridad privada. Uno de los imputados es de Temperley y el otro de Glew, provincia de Buenos Aires.
La fiscalía no pudo ubicar al resto de los integrantes del grupo que atacó a jóvenes mapuches, que estaban en el acceso al loteo privado Fideicomiso Lago Correntoso, ubicado en el faldeo del cerro Belvedere.
Los mapuches se habían instalado en un sector del lote que pertenece a Emanuel Ginóbili para resguardar lo que consideran parte de su territorio comunitario por el grave daño ambiental que causaron los trabajos de movimiento de suelo para llevar adelante el loteo privado del fideicomiso. La protesta mapuche paralizó los trabajos en ese sector.
El dueño del lote denunció a los mapuches por haber frenado los trabajos y por la usurpación. La justicia penal intervino, pero desvió el conflicto al fuero civil porque desestimó la existencia de un delito.
