El fiscal Adrián De Lillo rechazó la denuncia que habían presentado a mediados del año pasado dos beneficiarias del loteo social contra el exintendente Roberto Cacault, el exviceintendente Guillermo Caruso y demás posibles partícipes por presuntas irregularidades en la operación.
El fiscal Adrián De Lillo resolvió desestimar la denuncia que habían presentado a mediados del año pasado las beneficiarias del loteo social Fabiana Reyes y Natalia Antiago contra el exintendente Roberto Cacault, el exviceintendente Guillermo Caruso y demás partícipes por presuntas irregularidades para facilitar el canje de tierras y favorecer a un grupo empresario. La resolución del fiscal se conoció esta mañana luego de que notificara a las denunciantes, que intervienen como querellantes en la causa.
Fuentes judiciales explicaron que el fiscal advirtió que tras la investigación no se pudo acreditar el hecho denunciado y, en consecuencia, la inexistencia de delito. Las beneficiarias habían denunciado que Cacault, Caruso y los demás posibles partícipes habían armado una supuesta confabulación delictiva para influenciar a los concejales para que aprueben el canje de tierras entre el municipio y el grupo empresario Slots Machines.
La maniobra denunciada, según explicaron las fuentes, tenía como propósito un interés delictivo para favorecer a un tercero, en detrimento del Estado municipal. En la causa declararon todos los concejales de la gestión pasada y funcionarios de la Secretaría e Planeamiento y el titular de la Secretaría de Ejecución y Fizcalización de Viviendas Sociales de la municipalidad, Alberto Hermosilla.
La decisión del fiscal de desestimar la denuncia puede ser revisada por un juez de garantías si las querellantes lo piden. Las beneficiarias interpusieron la denuncia penal a finales de junio pasado en la fiscalía para que se investigue si hubo irregularidades en la operatoria del canje de tierras.
De Lillo rechazó a las beneficiarias para que intervengan como querellantes, pero el juez de garantías Juan Pablo Balderrama hizo lugar a la pretensión de Reyes y Antiago, que habían pedido revisar la resolución del fiscal.
