El juez de garantías admitió este viernes los cargos formulados por la fiscalía por el delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo Deliberante le atribuyeron además el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El magistrado dio un año de plazo para la investigación.
Por primera vez en la historia institucional de Villa La Angostura, los 7 concejales fueron imputados esta mañana de viernes por la fiscalía por haber cometido el delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones.
El fiscal jefe Fernando Rubio y el fiscal adjunto Ramiro Amaya le atribuyeron además al presidente del Concejo Deliberante, el emepenista David Tressens Ripoll, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos formulados por los fiscales contra los concejales del MPN Walter Espíndola y Melisa Salamanca, del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Troche, del Pro, Marta Ciccone y del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza. Los 6 fueron imputados por el delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones.
Los imputados fueron asistidos por defensores particulares y la defensora oficial de la localidad.
Como los fiscales explicaron que se trata de un caso complejo, el juez autorizó un plazo de 1 año para la investigación. Durante todo ese plazo, los concejales estarán imputados.
Los fiscales les atribuyeron a los 7 concejales que a las 7:59 del 15 de enero pasado, “desobedecieron la orden dictada por Matías Nicolini, juez contencioso administrativo de Zapala, cuando dieron inicio a la sesión en el Concejo Deliberante”.
La fiscalía relató que los 7 concejales “desobedecieron la orden impartida por el magistrado, que en ejercicio legítimo de sus funciones y en el marco de un expediente iniciado en la sede procesal administrativa, el 14 de enero había ordenado expresamente “la suspensión de la sesión del Concejo deliberante, de la sala juzgadora, bajo apercibimiento de desobediencia de una orden judicial”.
Y a Tressens Ripoll le atribuyeron además “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”, cuando ya estaba iniciada la sesión.
Los fiscales detallaron las pruebas recolectadas durante la etapa preliminar y mencionaron entrevistas a testigos, el acta de allanamiento, el borrador de la sesión de la polémica, audios. De las entrevistas a dos testigos directos surgió que le habían informado al presidente del Concejo Deliberante de la orden judicial de suspender la sesión.
Sin embargo, a la mañana siguiente, las puertas del Concejo Deliberante estaban cerradas y los concejales habían madrugado, porque estaban en el interior del edificio.
Por eso, la escribana y el secretario de Gobierno municipal, Marcos Ortega, que habían concurrido a notificar de la orden judicial no pudieron entrar. Y le ordenaron a la secretaria parlamentaria que esa jornada no vaya a trabajar, informaron fuentes con acceso a la causa.
El juez de Zapala admitió el pedido de medida cautelar que había formulado el entonces secretario de Economía de la Municipalidad, Daniel Brito, en la demanda que interpuso contra la Municipalidad de Villa La Angostura porque advirtió irregularidades en el proceso del juicio político.
Una de esas irregularidades es que Vaca Arenaza, que presentó la denuncia contra Brito por mal desempeño en sus funciones, supuestamente votó para que se habilite el juicio político, lo que está prohibido por la ordenanza que regula el enjuiciamiento, entre otros, vicios que señaló.
En la sesión de la polémica, los concejales de la sala juzgadora declararon culpable a Brito de mal desempeño en su cargo y lo removieron del cargo.
El juicio político no investiga ni condena delitos, sino irregularidades administrativas o poca eficiencia en el desempeño de las funciones. En cambio, la fiscalía investigará ahora si los concejales cometieron el delito que les atribuye y que es sancionado por el Código Penal.
En su defensa, los concejales del Frente de Todos alegaron que la causa se trata de una persecución política. Una idea que tiene el apoyo de dirigentes políticos del PJ y de Cambiemos de otras ciudades de la provincia. En el MPN nadie se ha pronunciado a pesar de que hay 3 concejales del MPN que ahora están imputados.
