Así lo indicó el abogado que representa a los vecinos de Puerto Manzano, que promovieron una acción procesal administrativa contra la municipalidad por la ordenanza que autorizó el Estudio de Impacto Ambiental del emprendimiento.
El abogado local Sebastián Leguizamón Charif, que representa a los vecinos de Puerto Manzano, que interpusieron una acción procesal administrativa contra la municipalidad para tratar de frenar un desarrollo inmobiliario en un lote de ese barrio,informó que están a la expectativa de la resolución del pedido de medida cautelar.
Leguizamón Charif explicó a LA ANGOSTURA DIGITAL que la medida cautelar solicitada en la demanda tiene como objetivo la suspensión momentánea de los efectos administrativos de la ordenanza que autorizó el Estudio de Impacto Ambiental.
Si el juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini, hace lugar a la medida cautelar solicitada por los vecinos, el municipio no podrá autorizar que avancen las obras del desarrollo inmobiliario en un lote de Puerto Manzano.
El abogado recordó que los vecinos promovieron la acción procesal administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia contra la Municipalidad de Villa La Angostura con el propósito de impugnar y derogar la ordenanza que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Indicó que los vecinos promovieron esa demanda ante el TSJ después de que el Concejo Deliberante desestimara la impugnación que habían presentado contra el EIA.
Leguizamón Charif señaló que también el Ejecutivo municipal rechazó la impugnación que habían presentado los vecinos para frenar el desarrollo inmobiliario.
Sostuvo que a finales del año pasado el TSJ pidió al municipio que remitiera todo el expediente del desarrollo inmobiliario, pero desde la municipalidad enviaron sólo una parte.
El abogado explicó que el TSJ dispuso la creación del fuero contencioso administrativo a partir de este año. De esa forma, el TSJ ya no tendrá la competencia originaria en ese tipo de demandas sino los jueces contencioso administrativo.
Por eso, el TSJ remitió a principios de febrero pasado la causa de los vecinos de Puerto Manzano al juez de Zapala, que tiene que resolver si hace lugar al pedido de medida cautelar solicitado.
Leguizamón Charif señaló que el juez de Zapala tiene la competencia para intervenir en las demandas contencioso administrativas de la zona sur de la provincia.
Uno de los vecinos que impulsó la demanda contra la municipalidad es Emilio de Alvear, que semanas atrás recordó que el desarrollo inmobiliario se autorizó bajo el paraguas de la polémica ordenanza 2659 del Código de Planeamiento Ambiental Urbano.
De Alvear alertó que el desarrollo inmobiliario que cuestionan implica “una tala rasa de un lote de 5 mil metros cuadrados”. Dijo que se trata de un proyecto inmobiliario “que es un ícono de lo que se viene en Villa La Angostura con la vigencia de la 2659”.
Se trata de un proyecto para construir un complejo de 25 departamentos en un lote de Puerto Manzano.
