Así lo aseguraron desde la comunidad. Informaron que hasta el momento no fueron notificados de la decisión de la jueza Andrea Di Prinzio Valsagna, que subroga el juzgado civil 2 de Junín de los Andes. “Estamos en alerta permanente”, afirmaron.
“Por ahora, no tenemos novedades. Pero tomamos la decisión de resistir la orden de desalojo”, aseguró este miércoles Amancay Quintriqueo desde el lote, que la jueza Andrea Di Prinzio Valsagna, que subroga el juzgado civil 2 de Junín de los Andes, ordenó restituir a Marie Broers.
Se trata del inmueble individualizado como lote pastoril 42, Colonia Nahuel Huapi, Departamento Los Lagos, Provincia del Neuquén, Nomenclatura Catastral n° 16-RR-026-3511-0000.
En declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL dijo que están convocando a organizaciones sociales para que los apoyen en este reclamo para que no se ejecute el desalojo.
Amancay contó que las tierras en conflicto son los lotes 42 y 43, en el sector Pedregoso, “que son territorio comunitario”. Dijo que en 2011 la comunidad Quintriqueo recuperó esas tierras. Dijo que hoy viven esos predios 8 familias de la comunidad.
“Desde la década del 70 se apropiaron de lo que es territorio mapuche aprovechándose de la confianza del abuelo”, afirmó Amancay.
Sostuvo que en esas parcelas las familias tienen su trabajo comunitario. Comentó que cuando tomaron conocimiento de que había una orden de desalojo “nos alarmamos”. Pero aclaró que hasta el momento “nadie nos ha notificado de los mandamientos que la jueza efectuó el 10 de diciembre”.
“Anoche supimos de movimientos de policías de civil en la planta del EPEN y pensamos que era por el desalojo, pero estamos en alerta permanente”, afirmó Amancay.
La jueza dispuso en abril pasado que se proceda a efectuar el desalojo de los demandados Pascual Felidoro Quintriqueo, a la Comunidad Mapuche Lof Quintriqueo y a todos los ocupantes. Ordenó que las tierras sean entregadas libre de ocupantes a Marie Broers. Sin embargo, la jueza puso en marcha la semana pasada el procedimiento, informó el abogado de la comunidad Quintriqueo, Virgilio Sánchez.
Ninguna notificación
“A nosotros no nos notificó nada. Lo dispuso inaudita parte. Firmó el Mandamiento y libró los oficios que presentó la parte actora, luego los envío mediante bolsines a Villa La Angostura”, explicó el abogado.
“Esa orden de ejecución de sentencia se encuentra totalmente caduca, pasaron cuatro años. La jueza lo que hace es instrumentar el desalojo suscribiendo el mandamiento de desahucio”, sostuvo.
Por eso, el abogado interpuso un escrito en el que solicitó a la jueza “la urgente suspensión del presente proceso de ejecución de sentencia” e invocó la ley 26160 de comunidades indígenas en vigencia.
Sánchez planteó en el escrito “la nulidad” del libramiento del mandamiento dispuesto por la jueza, “en virtud que se pretende llevar adelante un lanzamiento ordenado el 14 de diciembre del 2016, es decir, hace cuatro años, sin correr traslado alguno a esta parte, desconociendo la situación real actual de los ocupantes y contraviniendo de manera flagrante las normas de orden público que amparan a la comunidad indígena que represento y a las familias y menores que habitan el predio de marras, quienes reivindican el lugar como su territorio ancestral y sobre el cuál se encuentra en trámite de manera actual el Relevamiento Territorial ordenado por la Ley 26.160”.
“Asimismo, atento el tiempo transcurrido desde que el juzgado dispuso la ejecución de la Sentencia, más de cuatro años, donde el actor mostró un total desinterés en la ejecución de la misma”, observó el abogado en la presentación.
