Así lo determinó la Oficina Judicial. Deberán comparecer los 7 concejales para escuchar las imputaciones que formulará la fiscalía. La hipótesis preliminar es que cometieron presuntamente el delito de desobediencia a una orden judicial.
El fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubio, formulará cargos contra los 7 concejales de Villa La Angostura en la audiencia convocada para este viernes por la Oficina Judicial, informaron fuentes judiciales.
La sesión la solicitó la fiscalía, que inició una investigación preliminar con la hipótesis de que los concejales locales cometieron presuntamente el delito de resistencia o de desobediencia a una orden judicial.
De todos modos, el fiscal jefe explicó el viernes pasado que aún no tenía definida las imputaciones que le formulará al presidente del Concejo Deliberante, el emepenista David Tressens Ripoll, sus compañeros de bloque del MPN Melisa Salamanca y Walter Espíndola, los concejales del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Troche, y las concejalas Marta Cicconi, del Pro, y Agustina Vaca Arenaza, del bloque Primero Angostura.
Las fuentes judiciales aclararon a LA ANGOSTURA DIGITAL que la secretaria parlamentaria Magalí Díaz quedó afuera de la lista de los imputados.
Las fuentes descartaron que tenga algún efecto el planteo que los concejales hicieron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que asuma la competencia en la causa que el exsecretario de Economía Daniel Brito promovió contra la Municipalidad por supuestas irregularidades en el juicio político en su contra y que además ordene suspender la investigación que lleva adelante Rubio.
La fiscalía inició un sumario después de que los concejales sesionaran a pesar de que había una orden del juez a cargo del juzgado procesal administrativo de Zapala, Matías Nicolini, que había ordenado suspender la sesión convocada para el 15 de enero pasado.
Nicolini admitió el pedido de medida cautelar que Brito había formulado en la demanda contra el Municipio, para frenar el juicio político en su contra mientras el magistrado analizaba si había irregularidades en el procedimiento.
El intendente Fabio Stefani, que representa a la Municipalidad en las causas judiciales, consintió la medida cautelar solicitada por Brito.
Por eso, Nicolini resolvió el 14 de enero que se suspenda la sesión especial convocada para el día siguiente. Los concejales alegan que nunca fueron notificados de esa orden judicial y advierten que se trata de un intromisión del Poder Judicial en los asuntos legislativos. El mismo reproche le hicieron al Ejecutivo municipal.
Sin embargo, la fiscalía recolectó evidencias y avanzó con la investigación preliminar y, por eso, pidió la audiencia de formulación de cargos para los 7 concejales. El juez de garantías Nazareno Eulogio está designado para dirigir la audiencia.
En la sesión de la polémica, los concejales de la sala juzgadora resolvieron condenar a Brito por mal desempeño en sus funciones y, por eso, lo removieron del cargo.
El juicio político no analiza si la persona acusada cometió delitos. Es la fiscalía la que investiga la comisión de delitos y un tribunal con jueces profesionales o un jurado popular resuelve si la persona imputada cometió esos delitos.
En el juicio político se evalúa el desempeño del funcionario y si cometió irregularidades administrativas. Por eso, los concejales aclararon durante todo el proceso que no era un juicio judicial el que estaban efectuando contra Brito.
De todos modos, el procedimiento se debe hacer de acuerdo a lo que dispone la ordenanza que reglamenta el juicio político y se debe respetar la garantía constitucional del debido proceso y las garantías constitucionales de la persona sometida al enjuiciamiento.
