El abogado Héctor Vénica, que representa las beneficiarias que denunciaron al exintendente Roberto Cacault y al entonces viceintendente Guillermo Caruso por presuntas irregularidades en la permuta de las tierras, informó que pidieron que la resolución fiscal sea revisada por un juez de garantías.
El abogado Héctor Vénica dijo que ayer pidieron en la Oficina Judicial (Ofiju) la revisión de la resolución del fiscal Adrián De Lillo, que desestimó la denuncia que beneficiarias del loteo social promovieron contra el exintendente Roberto Cacault, el entonces viceintendente Guillermo Caruso por presuntas irregularidades en el canje de tierras. Vénica explicó a LA ANGOSTURA DIGITAL que la revisión la tiene que hacer un juez de garantías en una fecha a definir por la Ofiju.
Indicó que el juez de garantías debe controlar si la decisión del fiscal se ajusta a derecho. Dijo que en el caso de que el juez de garantías confirme la decisión del fiscal, la causa no se muere porque los querellantes tienen la posibilidad de aportar nuevas pruebas para que el fiscal reabra la causa. Aunque afirmó que no están conformes con el trabajo del fiscal en esta causa.
“Con las constancias que hay en la causa, el fiscal tiene una mirada muy parcial y no objetiva”, afirmó el abogado. Por eso, Vénica señaló que en el caso de que el juez resuelva que está mal desestimada la denuncia, una de las posibilidades que analizan es pedir el apartamiento del fiscal de la investigación.
“La manera que realiza la investigación (el fiscal) no nos da ninguna garantía”, sostuvo Vénica. “Hay muchos puntos que no tuvo en cuenta”, afirmó en relación a la resolución que desestimó la denuncia. Por eso, señaló que pretenden que se haga “una investigación más profunda”.
De Lillo recordó en su resolución, a la que tuvo acceso LA ANGOSTURA DIGITAL, que los denunciantes señalaron la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, junto con el presunto delito de defraudación con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido u ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante.
De Lillo concluyó tras la investigación preliminar que duró varios meses que no se pudo acreditar, “más allá de las formulaciones efectuadas por los denunciantes, que el entonces Intendente Roberto Cacault o bien quien ejercía la vice-intendencia, Guillermo Caruso, se hubieran interesado en miras de un beneficio delictivo de terceros en la operatoria de canje”.
“Cierto es que los denunciantes apuntalan circunstancias que a su entender dan configuración a un tipo delictivo, pero sin perjuicio de reconocer su loable esfuerzo, los argumentos que esgrimen conforman una hipótesis no sostenible probatoriamente”, afirmó el fiscal.
Los denunciantes cuestionaron que se desvirtuó la finalidad del canje de tierras para brindar soluciones habitacionales, “producto de la intervención e interés de los denunciados a lo largo de la tramitación del Expediente Administrativo 134/13, pues habría existido un resultado disvalioso tanto para el Estado Municipal como para los 430 beneficiarios del loteo social”.
El canje de tierras lo impulsó la gestión de Cacault para permutar las tierras del Parque Industrial del municipio por la misma cantidad de hectáreas que aportó el grupo empresario Slots Machines, aunque fragmentada en 7 macrolotes. El gobierno de Cacault promovió el canje para un loteo social destinado a 431 familias de esta localidad. El canje se terminó de cerrar en octubre pasado cuando se firmaron las escrituras.
