La Oficina Judicial convocó para el jueves a una audiencia para el control de la acusación que impulsa la fiscalía contra Sofía Antriao y Hugo Montes, quienes están acusados por el delito de usurpación del predio municipal.
La Oficina Judicial convocó a una audiencia de control de acusación en la causa donde están imputados Hugo Montes y Sofía Antriao como presuntos autores del delito de usurpación del camping del lago Correntoso.
Fuentes judiciales informaron esta mañana que la audiencia se hará el jueves en el juzgado de Villa La Angostura. Se trata de una audiencia de control de acusación, que es clave para que se resuelva si los imputados son llevados a juicio.
En la audiencia, el fiscal Adrián De Lillo expondrá la acusación en contra los imputados y presentará los fundamentos y las pruebas que acreditan esa imputación. La defensa de los acusados podrá objetar la acusación, oponer excepciones o solicitar el saneamiento o la declaración de invalidez de un acto. También podrá instar el sobreseimiento de los imputados.
En esa audiencia, el juez de garantías puede ordenar que los vicios de la acusación sean subsanados.
La defensa de los acusados puede cuestionar las pruebas que presenta la fiscalía. Luego, el juez examinará las pruebas ofrecidas por la fiscalía y la defensa y dispondrá si lo considera ajustado a derecho la apertura a juicio.
Además, en la causa interviene el municipio como querellante, que también participará de la audiencia de control de acusación.
Días atrás, las fuentes judiciales señalaron que el defensor oficial Ramiro Amaya iba a pedir el sobreseimiento de Antriao. El jueves se sabrá si el defensor hace o no el pedido. La causa se originó a partir de la denuncia que el intendente Roberto Cacault presentó en diciembre de 2012 contra Montes y Antriao por el presunto delito de usurpación. Presentó la denuncia luego de que se negaran a devolver el predio a la municipalidad.
En ese momento, familias de la comunidad Paichil Antriao ya se habían instalado en el lugar.
El exfiscal Juan Pablo Balderrama imputó entonces a Antriao y Montes, exconcesionarios del lugar, por no haber entregado el inmueble al momento de la finalización del contrato de concesión, que venció el 31 de octubre de 2011 y tampoco ante la intimación por parte del municipio. Desde enero del año pasado está vigente el nuevo Código Procesal Penal. Por eso, hubo que volver a empezar con las diligencias judiciales para ajustar la causa al nuevo Código Procesal Penal.
A finales de noviembre pasado, el juez Jorge Criado desestimó el pedido de medida cautelar que había solicitado el abogado Julio Saraví Casco, que representa a la municipalidad, para que los exconcesionarios del camping e imputados sean desalojados mientras se resuelve la causa penal.
El juez rechazó el pedido del municipio porque argumentó que es una medida que no corresponde aplicar en el proceso penal sino que se debe aplicar en el ámbito civil. Luego, Criado fue recusado y apartado de la causa y lo reemplazó el juez Mariano Etcheto.
