El fiscal Adrián De Lillo notificó ayer al apoderado legal de Fabiana Reyes y Natalia Antiago que no pueden constituirse como querellantes porque no las habilita el Código Procesal Penal vigente. Pueden recurrir ante un juez de garantías para que revise esa decisión.
El fiscal Adrián De Lillo notificó ayer al mediodía al representante legal de las adjudicatarias Fabiana Reyes y Natalia Antiago que se desestimó su pedido para constituirse como querellantes en la causa penal donde se investigan presuntas irregularidades en la operatoria del canje de tierras.
Fuentes judiciales informaron ayer a LA ANGOSTURA DIGITAL que el pedido fue desestimado en función de lo establecido por el Código Procesal Penal vigente en la provincia. Las adjudicatarias habían pedido intervenir en la causa como querellantes con el patrocinio del abogado local Héctor Vénica.
Las fuentes explicaron que el artículo 60 del Código Procesal Penal “considera víctima al ofendido directamente por el delito y, cuando resultare la muerte de aquél, al cónyuge y a los hijos; al concubino, a los ascendientes; a la persona que convivía con él en el momento de la comisión del delito, ligada por vínculos especiales de afecto; a los hermanos; o al último tutor, curador o guardador”.
“Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes”, indica la norma. Y el artículo 64 establece que “cuando el interesado no tenga legitimación, el fiscal rechazará la constitución de querellante.
En tal caso, el peticionario podrá acudir, dentro del tercer día, ante el juez para que revise la decisión”. Las fuentes señalaron que el dictamen está avalado por el Fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubio. Las adjudicatarias interpusieron la denuncia penal a finales de junio pasado en la fiscalía para que se investigue si hubo irregularidades en la operatoria del canje de tierras que impulsó el gobierno municipal con el grupo empresario Slots Machines.
Las fuentes indicaron que la denuncia es contra el intendente, Roberto Cacault, el viceintendente Guillermo Caruso, quien es el candidato a jefe comunal por el MPN para la elección del 25 de octubre, y contra toda aquella persona que intervino en el canje, lo que comprende por ejemplo a los concejales que aprobaron las ordenanzas autorizando la operación.
Es probable que las adjudicatarias recurran al juez de garantías para que revise la resolución de la fiscalía. “Creo que nos tienen que hacer lugar al planteo porque la corrupción es un delito del cual es víctima toda la sociedad”, dijo ayer por la mañana Vénica.
Consideró que en el eventual caso de que sea desestimado el pedido para constituirse como querellantes, será “una jugada política de la fiscalía”. “Evidentemente, la fiscalía está bastante nerviosa porque estamos presentando más pruebas”, señaló Vénica.
“La fiscalía sabe que tenernos como querellantes sería una piedra en el zapato”, afirmó Vénica. Después, fue notificado que las adjudicatarias fueron rechazadas como querellantes.
