Así lo afirmó el abogado Héctor Vénica, que representa a las adjudicatarias Fabiana Reyes y Natalia Antiago, quienes pidieron constituirse en querellantes en la causa que se originó a partir de la denuncia por presunta corrupción contra el intendente.
El abogado local Héctor Vénica cuestionó la demora del fiscal Adrián De Lillo en resolver el planteo que hicieron las adjudicatarias del loteo social Fabiana Reyes y Natalia Antiago, para constituirse como querellantes en la causa donde se investiga si el Ejecutivo municipal cometió el presunto delito de corrupción en la operación del canje de tierras, que impulsa el intendente Roberto Cacault.
“Por el momento no tenemos ninguna notificación del fiscal. Ningún dictamen referido al planteo nuestro”, afirmó Vénica, que es el apoderado legal de las adjudicatarias.
“Creo que nos tienen que hacer lugar al planteo porque la corrupción es un delito del cual es víctima toda la sociedad”, opinó el abogado. Consideró que en el eventual caso de que sea desestimado el pedido para constituirse como querellantes, será “una jugada política de la fiscalía”.
“Evidentemente, la fiscalía está bastante nerviosa porque estamos presentando más pruebas”, señaló Vénica. “La fiscalía sabe que tenernos como querellantes sería una piedra en el zapato”, afirmó. Y señaló que presentará esta mañana un recurso de pronto despacho para que De Lillo resuelva a la brevedad el planteo.
Las adjudicatarias interpusieron a finales de junio pasado la denuncia penal para que se investigue la presunta comisión del delito de corrupción en la operación del canje de tierras que llev adelante el gobierno municipal con el grupo empresario Slots Machines.
Las denunciantes aportaron documentación para que el fiscal la analice. Entre las pruebas aportadas presentaron por ejemplo la nota que la exsecretaria de Planeamiento municipal, Paula Esteban Arbasetti, envió al Concejo Deliberante donde se indicaba que los macro lotes que entregaba el grupo empresario eran aptos para urbanizar, pero que desde la oposición advirtieron el faltante de fojas para corroborar esa información.
Luego, las adjudicatarios pidieron una medida cautelar al fiscal para que ordene frenar el sorteo de los lotes sociales que había anunciado Cacault. Pero De Lillo indicó a las adjudicatarias que no tiene facultades para hacerlo.
“El Código Procesal Penal vigente no habilita al Ministerio Público Fiscal para dictar una medida cautelar”, indicaron las fuentes en esa oportunidad.
