La concejal Julieta Fernández votó en disidencia con el acuerdo del pago de 335.000 pesos a Linsa por parte del Municipio, debido a los riesgos que se corre de que el dinero no llegue en forma directa a los trabajadores, al ser afectado por algún embargo o acción judicial.
La concejal del bloque del PRO, Julieta Fernández, votó en contra a la hora de la sesión de este lunes por el cual se acordó entregar una suma de 335.000 pesos a la empresa Linsa para el pago de los sueldos y aguinaldos adeudados a sus ex empleados.
Y es que la edil proponía que un entre como el Ministerio de Trabajo pudiera garantizar el destino de los fondos para que realmente llegue a los trabajadores, y no se vea afectado por alguna acción judicial o embargo que pudiera tener la empresa a consecuencias de su complicada situación financiera.
El proyecto de la edil del Pro explicaba que "está más que clara nuestra compromiso y responsabilidad de realizar soluciones definitivas y no acuerdos que pueden generar futuras complicaciones para el correcto funcionamiento del Municipio, y evitar futuros antecedente legales"
Según Julieta Fernández "estamos convencidos y tenemos muy claro que los empleados de la empresa Linsa deben cobrar lo que corresponde por tal motivo elaboramos este nuevo proyecto alternativo que no solo le garantizara el cobro de los 38 días trabajados por el supuesto acuerdo verbal que asumió oportunamente el ejecutivo, sino una solución definitiva, dando un cierre a esta situación. Si cumplieron con su trabajo es lógico que deban cobrar el 100% que les corresponde".
"Un pésimo antecedente"
Según detalla en su documento "somos conscientes como concejales que nuestra función es la de resguardar los erarios municipales, realizando lo legalmente correcto, y con el previo análisis de todas las opciones para evitarle un antecedente negativo a nuestro municipio".
"Nuestra propuesta es muy clara. solicitarle a la empresa Linsa que acuerde el pago con los trabajadores de las deudas de sueldos y el total de las liquidaciones que correspondan, el cual debe ser homologado por el órgano de regulación y aplicación que es la Sub Secretaria de Trabajo. De esta manera nos garantizaríamos dar por terminada y definitivamente esta situación".
"Sin esto cumplido me parece una irresponsabilidad de nuestra parte aprobar un convenio de pago de un subsidio a una Empresa privada. Seria en pésimo antecedente. Por eso insistimos que para que se haga efectivo el subsidio por los $ 335.520 la empresa primero debe cumplir con su responsabilidad", finaliza la concejal del PRO.
