La comisión de Producción, Industria y Comercio recibió a representantes de los Pequeños Productores de la Provincia de Neuquén quienes, preocupados, expresaron la situación crítica por la que están atravesando los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar delegación Neuquén ante los recientes despidos de 24 trabajadores del área.
Los productores señalaron la importancia de su trabajo, quienes hace más de 20 años acompañan los diferentes proyectos, programas y asesoramiento técnico de los productores.
En la ocasión, pidieron a los diputados que se efectúen las gestiones necesarias tendientes a la reincorporación y/o absorción de estos trabajadores dentro de las estructuras de Producción de la Provincia, como así también la posibilidad de generar en el ámbito legislativo una reunión con el Ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi.
Laura Quintana, presidenta de la Asociación de Pequeños Productores de Colonia San Francisco de Senillosa, manifestó la necesidad de darle continuidad a los programas encaminados y contar con asistencia técnica en la planta de faenamiento de pollos que se confeccionó con aportes de Nación. Además, pidió a los diputados que debatan una Ley de Agricultura Familiar. En ese sentido, recordó que en el año 2005 presentaron un proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Agricultura Familiar pero no prosperó.
Dijo que los proyectos comprometidos “sin asistencia técnica no se podrán concretar”, por lo que pidió un articulador que proponga el Gobierno de la provincia. También mencionó que el edificio está totalmente desprotegido, sin guardia de vigilancia y sin el pago de los servicios. Por último pidió a los legisladores trabajar junto al Ejecutivo Provincial a fin de articular una Secretaría de Agricultura Familiar Provincial.
En el mismo sentido se expresó Roberto Rodríguez, tesorero del Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF), quien consideró “catastrófico perder nuestros técnicos” y recordó que fue una lucha de muchos años lograr que desde el Estado se brinde esa capacitación. Señaló que la decisión involucra a más de siete mil familias registradas en Neuquén, y a muchas otras no registradas, cuyos proyectos han quedado truncos.
Por su parte, Marta Montesino, tesorera de la Asociación de Fomento Rural de San Patricio del Chañar, señaló como indispensable y primordial el asesoramiento de los técnicos y dijo que “la agricultura familiar es la organización más grande del país”. A la vez, recordó que “no todos vivimos del petróleo ni del turismo, nosotros vivimos de la tierra”.
Por los trabajadores despedidos habló el médico veterinario Gustavo Forestier, quien estuvo abocado a la dirección técnica del matadero de pollos de China Muerta, que demandó más de cinco. Del mismo modo, mencionó un proyecto en Taquimilán gestionado a partir de la Ley Ovina, por el cual se logró el equipamiento, esquila y galpón de acopio; y “ahora que llegaron los fondos necesitamos un técnico que rinda esos fondos y capacite a la gente”.
Mencionó también otros proyectos importantes para la vida del poblador rural que quedaron en el camino y consideró “sorpresivo” el despido de 24 compañeros del sector de las localidades de Chos Malal, Piedra del Águila, Zapala, San Martín de los Andes, Rincón de los Andes y de la Confluencia.
Hizo lo propio Manuel Albardiaz, ingeniero agrónomo con once años de antigüedad en la Secretaría de Agricultura Familiar, para atenuar o frenar los despidos, siendo que la situación de la Patagonia, y en especial de Neuquén, es la más afectada debido a la cantidad de pequeños productores”. Señaló que quedaron proyectos inconclusos y otros en ejecución, mientras uno se aprobó “el mismo día que nos comunicaron el despido”.
Desde el MPN, Gloria Sifuentes dijo que “como provincia productora lamentamos profundamente las medidas que está tomando el Gobierno Nacional que afectan a miles de familias que viven de lo que producen en la tierra y necesitan del asesoramiento técnico”. Y apoyó las reuniones junto al ministro López Raggi.
Eduardo Fuentes (FN) hizo mención al propósito del Gobierno Nacional “de transferir responsabilidad a las provincias de manera descarnada y brutal”. Por caso, citó los 27 millones que costó la vacuna de la meningitis que antes enviaba Nación y dijo que “ahora peligra el subsidio al transporte interno, por lo que alguien se tendrá que hacer cargo”. En ese sentido, consideró que el desafío es muy grande y pidió a los estados provincial y municipal que “se esfuercen para sostener a esa gran parte del territorio para que no terminen en total desamparo”. Desde el Frente Grande, Raúl Podestá coincidió en que “es responsabilidad del Estado provincial hacerse cargo de la situación ante la desaparición del Estado Nacional, a fin de cubrir este bache tremendo al que nos han llevado”. Recordó que en 2015 presentó un proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Agricultura Familiar, “herramienta legal para trabajar junto a técnicos y productores”.
Angélica Lagunas (FIT) dijo que “el ajuste mata” y que el cierre del programa nacional de Agricultura dejó 600 despedidos en todo el país. En el caso de Neuquén tiene incidencia directa al dejar 10-12 proyectos varados y consideró que la Legislatura tiene que tomar el debate. Por último añadió: “basta con que el Gobierno Nacional abandone a las provincias a su suerte para que las arcas provinciales se hagan cargo”. Mientras, Guillermo Carnaghi (FPV) señaló lo que está sucediendo con otros organismos nacionales como INTI, INTA, PIAP, Télam y dijo que ante la “política de ajuste del Estado Nacional tiene responsabilidad los intendentes y el Gobierno provincial”.
Por último, Vidal acordó en apoyar el proyecto de Podestá y abogó por lograr consenso para una norma que “garantice el asesoramiento técnico de nuestros productores y de esta actividad que no figura en la composición del PBI de la Provincia”. Finalizó diciendo que “necesitamos una ley simple que garantice que los emprendimientos que hoy están en marcha sigan contando con el asesoramiento que tenían hasta la semana pasada”. También se solidarizó con los trabajadores despedidos y dijo que “si un Estado no pone a la gente en sus principales prioridades necesita una brújula más precisa”.
