la asistencia económica es para ayudar a pagar alquileres o colaborar con las familias que los albergaron en sus hogares. Y además están las personas que fueron reubicadas en una residencial.
La secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Franca Cendra, informó este viernes que desde la Municipalidad están asistiendo a alrededor de 30 familias que habían estado en la toma del predio del ISSN y que se retiraron en forma voluntaria.
Explicó en declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL que la Municipalidad asistió a esas familias en la búsqueda “de un lugar para dormir y con la asistencia”.
Planteó que en algunos casos se le brinda una asistencia económica para que puedan pagar alquileres y también se ubicó en una residencial a un grupo de familias que no tenían donde vivir.
Otras personas reciben ayuda económica para colaborar con sus familias que los volvieron a albergar en sus hogares o los dejaron instalar la casillita que tenían en la toma, en el fondo de sus terrenos. Cendra señaló que se analiza cada caso porque cada familia tiene una problemática distinta. “Los montos varían según la necesidad de cada familia”, afirmó.
Cendra sostuvo que hubo algunas familias que no quisieron la asistencia de la Municipalidad y prefirieron que esa ayuda económica sea para otras personas de la toma.
Aseveró que uno de los desafíos es generar acciones para promover, por ejemplo, cooperativas de trabajo como alternativas para aquellas personas desempleadas.
Cendra explicó que desde la Secretaría de Desarrollo Social hicieron, en conjunto con la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, un relevamiento de las familias que estaban semanas atrás en el “acampe”, como denominaban a la toma.
Manifestó que la amplia mayoría de las personas que aceptaron el relevamiento dijeron que los pocos ingresos que tenían procedían de “changas” o de trabajo en negro.
Dijo que el trabajo de relevamiento se hizo con el objetivo de “evitar un desalojo abrupto”. Cendra sostuvo que determinaron que había 75 familias en el momento que hicieron el relevamiento. “Pero hay gente que no quiso ser relevada”, contó.
Mencionó que unas 50 familias se encontraban en situación de vulnerabilidad por debajo de la línea de la pobreza. Por eso, sostuvo que acordaron con Derechos Humanos de Neuquén, el IPVU, el Ministerio de Ciudadanía planificar estrategias de trabajo para avanzar en la búsqueda de una solución real al problema.
Comentó que del relevamiento surgió que la mayoría de esas familias alquilaban antes de irse a la toma.
Aseguró que el 20 de este mes se reunirán en una mesa intersectorial integrada por representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, de Ciudadanía, de Gobierno de la provincia, del IPVU y de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad.
Dijo que una de las prioridades es trabajar en relación al acceso al suelo (a partir de la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante) “mientras el intendente gestiona la tierra”.
