Desde la justicia de Faltas intimaron a las familias que ocupan el camping del lago Correntoso con sanciones de entre 5.000 y 10.000 pesos por el funcionamiento no autorizado de esos lugares.
El Juzgado Municipal de Faltas impuso multas a las familias de la comunidad mapuche Paichil Antriao, que ocupan sectores del camping del lago Correntoso, por el funcionamiento irregular de ese predio.
Por eso, representantes de la comunidad Paichil Antriao cuestionaron el procedimiento del Juzgado de Faltas municipal y así se lo expresaron al intendente Guillermo Caruso la semana pasada cuando se reunieron en la municipalidad.
El werken de la zonal Lakkenche Florentino Nahuel informó a LA ANGOSTURA DIGITAL que las intimaciones las recibieron en enero febrero, pero indicó que a principios de la semana pasada “cayó otra intimación de multas elevadas, en algunos casos de 10 mil pesos, a otro sector de 7 mil pesos y otra de 5 mil pesos”. Dijo que todas fueron intimaciones.
Dijo que las multas son porque el Juzgado de Faltas “alega que los campings no están habilitados, que la cartelería no está autorizada ni permitida por parte del tribunal de faltas”.
Nahuel comentó que desde el Juzgado Municipal de Faltas plantean que “la comunidad está en falta porque no está cumpliendo con las cláusulas municipales que exige que los campings tienen que estar habilitados y en la cuestión gastronómica tiene que haber una habilitación comercial”.
“En algunos casos las intervenciones, para nosotros, no han sido correctas, porque en más de un caso han caído funcionarios del Tribunal de Faltas con policías como si fuéramos delincuentes.
Y eso, realmente, fue muy chocante para nosotros y no queremos que las intervenciones del Tribunal de Faltas sean de esa manera”, sostuvo Nahuel.
Cuando los representantes de la comunidad se reunieron la semana pasada con el intendente y le plantearon el problema de las multas.
Sin embargo, Caruso recordó que el municipio tiene un litigio judicial contra las familias que ocupan el camping del lago Correntoso porque son tierras del municipio que las quiere recuperar.
El municipio denunció el año pasado que las familias que ocupan el predio avanzaron con obras no autorizadas e incumplieron la medida cautelar que había dispuesto la justicia.
El municipio interpuso una demanda civil para recuperar el camping se inició en mayo de 2013 y hasta el momento no hubo sentencia.
