Así lo informaron desde la comunidad mapuche luego que la presidenta del INAI recibió ayer a Elma Quiroga y autoridades de esta comunidad. Analizaron el caso de Puerto Elma.
La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, se reunió en San Martín de los Andes con Elma Quiroga y autoridades de la comunidad mapuche Paichil Antriao.
El werken de la zonal Lafkenche, que integra la comunidad Paichil Antriao y la comunidad Quintriqueo, Florentino Nahuel, informó este viernes a LA ANGOSTURA DIGITAL que Odarda se comprometió a “presentar en los próximos días una carta al gobernador Omar Gutiérrez para la pronta implementación de la ley 26160”.
Se trata de la ley de comunidades indígenas sancionada a finales de 2006 y prorrogada en tres ocasiones por el Congreso de la Nación y que estará vigente hasta el 23 de noviembre de 2021.
La comunidad Paichil Antriao reclama que el gobierno provincial cumpla esa norma es la que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”.
La comunidad pide al gobierno provincial el cumplimiento de la ley, sobre todo, porque suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan las comunidades”. La norma aclara que esa “posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.
Además, es la norma que ordena hacer el relevamiento territorial en las tierras en conflicto.
Desde la comunidad Paichil Antriao informaron este viernes que Odarda recibió a Elma Quiroga, que fue intimidada el 22 de marzo pasado por la jueza Andrea Di Prinzio, que subrogada el juzgado civil 2 de Junín de los Andes, a restituir el lote que ocupan ubicado al lado de Puerto Elma.
La jueza pretende ejecutar la sentencia que el entonces juez civil Andrés Luchino dictó el 14 de febrero de 2019 en la que condenó a Quiroga, José Arsenio Miranda y la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao a restituir “la posesión del inmueble que es objeto del litigio”, ubicado en inmediaciones de la Hostería La Posada, a Carlos Alberto Popik, “bajo apercibimiento” de ordenar el desalojo.
Esa sentencia fue confirmada hasta por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. El apoderado legal de la comunidad mapuche, Virgilio Sánchez, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, que aún no se expidió. Pero para los jueces de Neuquén, la sentencia debe ejecutarse.
“Odarda, presidenta del INAI, recibió en San Martín de los Andes a Elma Antreao Quiroga, quien estuvo acompañada por las autoridades de Paichil Antriao y del Lof Kinxikew y otras diversas comunidades de la Zonal Wilices, que analizaron la situación actual de Puerto Elma”, comunicaron desde la comunidad.
Dijeron que los temas centrales que se trataron “fueron alternativas para la aplicación de la ley 26160 de Emergencia Territorial y creación urgente de un Comité de Resolución de Conflictos, donde estarían actores involucrados como el secretario de Articulación Federal Gabriel Fuchs, el INAI, entre otros”, destacaron.
“Hoy, lamentablemente, tenemos un gobierno provincial sordo, inoperante y desinteresado en tratar nuestros temas que nos obliga a buscar otras alternativas y es por eso que recurrimos a Nación”, explicaron. Afirmaron que la Constitución nacional obliga a los Estados a involucrarse en los temas indígenas y hacía allá vamos”.
