Se debe a que la Corte Suprema de la Nación admitió su competencia en la demanda que presentó el presidente Mauricio Macri contra la tasa al turista que se aplica hace más de dos años en Bariloche.
La iniciativa del oficialismo de presentar un proyecto para aplicar en Villa la Angostura una Ecotasa a los turistas, podría quedar en solo eso, debido a una acción judicial que lleva adelante Nación contra la vecina localidad de Bariloche por aplicar este nuevo impuesto.
Sin bien todavía es un proyecto que analizan desde el oficialismo en el Concejo Deliberante junto a funcionarios del gobierno municipal, tanto hoteleros como concejales de la oposición anticiparon su rechazo a esta eventual medida.
Ver: "Estudian la posibilidad de implementar una tasa a los turistas como en Bariloche"
Según publica El Cordillerano en una resolución publicada el 16 de abril, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti decidieron dar curso a la demanda y rechazar la medida cautelar que solicitaba dejar sin efecto el cobro de la Ecotasa hasta que se dicte una sentencia.
Luego de ser sancionada la ordenanza municipal, el presidente de la Nación promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la provincia de Río Negro, argumentando que la tasa “resulta violatoria” de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, de la ley de Impuesto al Valor Agregado y de las obligaciones que asumió el gobierno provincial al adherirse al pacto fiscal.
El presidente requirió a la Corte que se condene a ambos demandados al cese de la aplicación y cobro de la tasa.
Para Macri, la ecotasa “resulta análoga al impuesto al valor agregado (IVA) que grava a nivel nacional la prestación de servicios hoteleros, por lo que se genera un caso ilegítimo de doble imposición”.
Asimismo, considera que la conducta de la provincia y de la municipalidad, al "no cumplir con los compromisos asumidos" -que derivan de su adhesión al régimen de coparticipación y de la suscripción de los pactos fiscales-, “pone en juego el federalismo de concertación y la supremacía legal que debe regir y de la cual el Estado Nacional es veedor”.
