Así lo manifestó el abogado que representa a los Antriao. Cuestionó el criterio para fijar los honorarios en la demanda contra el municipio para recuperar las tierras que no fueron utilizadas para la Ruta 231. En total el reclamo llega a los 20 millones de pesos.
El abogado Fernando Palladino, que representa a integrantes de la familia Antriao de esta localidad, rechazó el reclamo y la amenaza de remate de las tierras de la familia demandada por el abogado Vicente Aiello, que reclaman el pago de más de 400.000 pesos en concepto de honorarios.
No es el único abogado que demandó a la familia Antriao por el pago de los honorarios. En conjunto el reclamo llega a unos 20 millones de pesos, aunque ese planteo está para resolver en la Corte Suprema.
El reclamo del pago de honorarios surge tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, que desestimó una demanda procesal administrativa que había interpuesto Isolina Homann Barrientos, Paulo Antriao, Eduardo Antriao, Fabiana Antriao y Graciela Antriao contra la Municipalidad de Villa La Angostura para que les restituyan los terrenos que oportunamente fueron cedidos para la traza original de la Ruta Nacional 231.
Los jueces del TSJ Oscar Massei y Evaldo Darío Moya hicieron lugar al pedido de excepción de prescripción que planteó la municipalidad y, en consecuencia, rechazaron la demanda y les impusieron a la familia Antriao el pago de las costas del juicio (los honorarios). El fallo se dictó el 16 de octubre de 2015.
Aiello representó en esa demanda al municipio y, por eso, reclamó el pago de los honorarios. El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini, hizo lugar al pedido de embargo solicitado por el abogado.
Nicolini resolvió el 29 de noviembre pasado decretar el embargo ejecutorio sobre el inmueble identificado como lote 23 A, matrícula 2761, de Villa La Angostura hasta cubrir la suma de 307.500 pesos en concepto de capital y otros 100.000 pesos de intereses.
Aclaraciones
“Ante las amenazas de remate de tierras de propiedad de la Familia Antriao por parte del Dr. Aiello por el cobro de honorarios en la causa “Barrientos Isolina C/Municipalidad de Villa La Angostura” y la grave acusación respecto a que “se meten a jugar y demandar al estado” publicitadas en fecha 21 de Diciembre de 2017 por ese medio, y en mi carácter de apoderado de la familia Antriao en esa causa, me veo en la obligación de realizar algunas aclaraciones y señalar algunos datos de relevancia y claras contradicciones que están siendo analizados por un estudio jurídico de la ciudad de Buenos Aires a los fines de tomar una decisión respecto a realizar las presentaciones que consideremos oportunas a los fines de obtener una respuesta razonable y justa por parte de la Justicia”, indicó Palladino a LA ANGOSTURA DIGITAL.
Recordó que la demanda iniciada en 2007 contra la Municipalidad “tenía como finalidad la devolución de las tierras cedidas para la construcción de la ruta nacional 231 y que no fueron utilizadas con dicha finalidad y que hoy están siendo ocupadas por intrusos”.
Palladino indicó que en 1950 “se cedieron 10 hectáreas para la construcción de la Ruta Nacional pero luego, por razones topográficas, se utilizaron parte de esas 10 hectáreas y partes no, solicitando entonces la restitución de las tierras no utilizadas por la Municipalidad”.
“Éste reclamo de devolución de las tierras cedidas y no destinadas a la construcción de la ruta fue reconocido y aceptado por la misma Municipalidad de Villa La Angostura, representada por el Dr. Aiello, en diversas oportunidades”, afirmó Palladino.
“Los letrados de la demandada se comprometen a realizar la mensura de los terrenos cuya restitución constituye el objeto de la causa y ponerla a disposición de la parte actora con suficiente antelación a la celebración de la nueva audiencia, la que es fijada para el día 18 de Febrero de 2011, a las 10.00 hs”, citó Palladino.
“Podrá advertirse que es la propia Municipalidad la que reconoce el derecho de la Familia Antriao y se compromete a mensurar las tierras no utilizadas y ponerlas a su disposición; insisto, hay un reconocimiento expreso y en sede judicial”, aseguró.
“Con posterioridad a estas audiencias los apoderados de la Municipalidad no se presentaron a las audiencias convocadas por el Tribunal”, comentó.
Contradicciones
“En relación al rechazo de la demanda por prescripción, es oportuno señalar las contradicciones e irregularidades que se dieron a lo largo del proceso y que están siendo analizadas para la presentación de una denuncia penal”, afirmó el abogado de la familia Antriao.
Mencionó, por ejemplo, que la Municipalidad de Villa La Angostura “contestó la demanda relacionada con otro lote distinto al reclamado por la familia Antriao, es decir no sólo no ofreció prueba sino que planteo la prescripción respecto a otro lote. No opuso la excepción de prescripción respecto a la superficie reclamada”.
“Hay inconsistencias en las fechas en que se solicita prueba a la demandada (hay providencias con fecha de 2011 y otras con fecha 2012); no coinciden las fechas en la cedula de notificación (cedula año 2012 y el sello fecha 2011); los informes acompañados por la Municipalidad no poseen fecha cierta, en ambos figura el día, el mes pero no el año con lo cual no es posible determinar la fecha en que fueron confeccionados”, advirtió el abogado.
“Este dato es fundamental porque se incorpora al proceso un informe con datos y fechas que no había sido ofrecido como prueba y es el que toma el Tribunal para hacer lugar a la excepción de prescripción; es decir se vale de prueba no ofrecida ni proveída como tal y en base a ella resuelve la situación”, sostuvo.
Ilegítimo reclamo
“En relación a la regulación de honorarios a que hace referencia el Dr. Aiello, debo manifestar que es absolutamente ilegítima, arbitraria y contradictoria la decisión del Tribunal ya que para regular los honorarios de los profesionales intervinientes resolvió que la familia Antriao había reclamado en su demanda la totalidad de la tierra cedida, es decir las 10 hectáreas”, puntualizó Palladino. “Y en función del valor estimado se regularon honorarios por una cifre cercana a los $ 20.000.000”, informó.
“Sin embargo, no sólo surge en forma clara que el objeto de la demanda era la restitución de las tierras cedidas y no utilizadas para la construcción de la ruta sino que esto ha sido aceptado por los propios demandados…”, afirmó.
Sin embargo, el TSJ fijó los honorarios de acuerdo a otro criterio.
