Así lo anticipó anoche en una entrevista con AVC Noticias la Dra Mariana Trebisacce, que asesora a un grupo de vecinos del barrio Las Balsas. Cuestionan el desarrollo inmobiliario que se quiere hacer en ese sector de Villa La Angostura por el impacto ambiental que provocaría.
La abogada Mariana Trebisacce, que asesora a un grupo de vecinos del barrio Las Balsas, que se oponen al avance de un desarrollo inmobiliario en ese sector de Villa La Angostura, sostuvo que no puede se puede “oponer un derecho individual frente a la afectación de un derecho de incidencia colectiva, como es el derecho a un ambiente sano y equilibrado”.
Sostuvo en AVC Noticias que lo que piden es la remisión del proyecto inmobiliario al Concejo Deliberante y la inmediata “suspensión de la ejecución del proyecto o al menos una paralización preventiva hasta tanto pueda ser revisado por el Concejo”.
“Entendemos que, claramente, no solamente se puede hacer algo, sino que se debe hacer algo”, afirmó. Dijo que las presentaciones que hicieron ante el Concejo Deliberante fue para involucrar a ese organismo de control en el conflicto.
“No nos estamos basando no en un pedido caprichoso, sino en normas de jerarquía constitucional”, aseguró la abogada.
“No estamos pidiendo un favor porque no nos gusta un proyecto o que queremos causar un perjuicio a una persona que está realizando una inversión en Villa La Angostura.
Nosotros estamos diciendo que tiene que ser un proyecto que esté de acuerdo con la normativa vigente”, explicó.
Antecedentes
Contó que el proyecto se presentó cuando estaba vigente la ordenanza 2659 Código de Planeamiento Ambiental Urbano de Villa La Angostura que fue sancionada en 2012. Recordó que esa norma surgió a partir de una situación de emergencia, porque fue la época posterior a la erupción del volcán. Y advirtió que era una norma que “no hacía ninguna diferencia” en el tema de la densidad poblacional.
“Luego se hizo una primera diferencia con la ordenanza 3067 que fue sancionada en 2015 y se dividieron las bandas y se limitó el índice ocupacional a 120 personas por hectárea”, comentó la abogada.
Después se hizo otra modificación con la ordenanza 3303 sancionada en 2017 “que es la vigente que limita a 80 personas por hectáreas en la banda costera interior que es donde pertenece Las Balsas”.
Trebisacce dijo que el índice poblacional “regula justamente esto, no es un índice caprichoso tiene que ver con un montón de perspectivas entre ellas, la ambiental”.
Sostuvo que el proyecto inmobiliario fue ingresado “cuando estaba vigente la norma de 2012 y posteriormente la de 2015”.
“¿Cuál es el argumento que se usa? El argumento del derecho adquirido. Sin embargo, el Código Civil en el artículo 240 dice justamente que los derechos individuales encuentran un límite y ese límite son los derechos de incidencia colectiva”, destacó Trebisacce.
“Uno no puede oponer un derecho individual frente a la afectación de un derecho de incidencia colectiva como es el derecho a un ambiente sano y equilibrado”, enfatizó.
Aclaró que el proyecto no está construido. No empezó. Y aseveró que hay dos principios generales de razonabilidad y proporcionalidad que hay que tener en cuenta.
“¿Es razonable que utilicemos una norma que no tuvo en cuenta la cuestión ambiental para llevar adelante un proyecto cuando esa norma ya no existe?”, planteó la abogada.
“El derecho individual cede frente a derechos de incidencia colectivos”, insistió.
Movilización
Dijo que el sentido de esta movilización “no es solo discutir casos como este u otros parecidos, porque nos enteramos que hay más casos en estas mismas condiciones, sino también movilizar a las instituciones para que trabajen sobre estas cuestiones como se debe hacer porque de esto depende el modelo de ciudad, de pueblo que todos queremos”.
Manifestó que el derecho a un ambiente sano y equilibrado “es para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. Esta idea de pensar a futuro”.
“Es muy interesante leer el informe de impacto ambiental que hizo el profesional que dijo que la idea del proyecto es maximizar el beneficio económico utilizando el máximo factor de ocupación de suelo”, observó Trebisacce.
“¿La rentabilidad es todo?, ¿no hay ningún límite al derecho de propiedad y al derecho individual de propiedad? Lo hay es el derecho de incidencia colectiva”, aseveró.
“No es que decimos no a cualquier proyecto, lo que estamos diciendo es pensemos un proyecto tal vez un poco menos rentable económicamente, pero más sustentable ecológicamente”, aclaró.
Dijo que aún no habían tenido ningún contacto con el propietario, a partir de esta movilización. “No es nada en contra de nadie. Esto es construcción presente, para construcción a futuro. Es construir modelos de participación ciudadana”.
“Pero también modelos de instituciones. ¿Qué Concejo Deliberante queremos? ¿Qué organismos de control tenemos y qué organismos de control queremos?”, planteó.
Mencionó que el mismo estudio de impacto ambiental dice que “no hay información de calidad para poder determinar el impacto negativo ambiental más allá de los límites del predio. Y esto es tremendo, no contar con información de calidad”.
Por eso, señaló que es necesario generar una ordenanza de calidad en términos de planeamiento.
