La nota fue presentada por la abogada Lorena Miani y la ex concejal Valeria Navarro. Advierten que "las acciones adoptadas mediante una decisión política con ciertos tintes persecutorios colocan en peligro, en situación de desamparo e indiferencia y abandonan a su suerte a un barrio entero" por el Centro de Salud de Las Margaritas donde Panessi prestaba servicios.
La abogada Lorena Miani junto a la ex concejal y dirigente del PJ, Valeria Navarro, presentaron un escrito ante la ministra de Salud de la provincia, Dra. Andrea Peve, solicitando se revea el caso del Dr. Hugo Panessi a quien se le interrumpió su contrato mientras prestaba servicios en el Centro de Salud del barrio Las Margaritas.
Entre los considerandos el escrito destaca que "la baja del Dr. Hugo Panessi ha dejado sin prestación de servicio de salud a un promedio de 20 pacientes diarios, que se atendían en la salita Margaritas. Pacientes con diversas patologías".
Agrega además que "actualmente, el centro de salud mencionado, depende de si hay disponibilidad de profesionales, quienes tienen prioridad en la emergencia del hospital central. Esto significa que, si deben cubrir guardia, cubrir sala respiratoria, o realizar una derivación, queda el centro de salud a la deriva y por lo cual también la población mencionada de aquellos barrios. Si bien hay personal en las áreas de enfermería, odontología, estadística y limpieza, estos trabajadores y trabajadoras no son médicos /as y no pueden más que realizar lo mínimo de contención. El no tener un médico/a deja a las y los vecinxs sin tener el acceso a la atención de sus problemáticas (sin recetas, sin controles para niños/as sanos/as, sin prescripciones en temas de anticoncepción, sin controles en enfermedades crónicas, y el seguimiento a los y las mismas)"
Cuestiona que "a esta altura de los hechos, luce razonable concluir que esta decisión política tomada por las autoridades provinciales de la salud y del gobierno, de desvincular a un profesional por el hecho de tener una postura ideológica, de apoyar la lucha de sus compañeros y compañeras, se tomó sin tener en cuenta la necesidad de gran parte de la sociedad, y solo persigue un fin persecutorio, de adoctrinamiento y silenciamiento".
Finalmente el documento le recuerda a la ministra Andrea Peve que "esta obligación del Estado a la salud y a la vida, implica la provisión de una atención integral, continua y equitativa. Recoge las dimensiones de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Involucra el derecho y responsabilidad de las personas, familias y comunidades de ser protagonistas de su propia salud, por lo que promueve procesos sociales y políticos que permitan expresar necesidades y percepciones, participar en la toma de decisiones, así como exigir y vigilar el cumplimiento del derecho a la salud. Nadie podría negar que la salud es un derecho y no un privilegio, y es en ese entendimiento que consideramos que resulta imperioso contemplar donde está regulado el derecho políticamente vulnerado y la violación por parte del Estado en cuanto a sus ciudadanos/as/es más necesitados/as/es, como se puede observar en el relato de los hechos (sumamente grave) que esta parte pone en conocimiento no sólo porque entiende es su obligación moral y ciudadana, sino por la grave desidia de quienes dirigen el Ministerio de salud; en especial de quienes están a su cargo".
