Así lo informó el fiscal jefe Fernando Rubio. En declaraciones a La Angostura Digital dijo que solo falta definir la fecha de la audiencia de formulación de cargos y explicó que todavía no están definidas las imputaciones.
El fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial de la provincia, Fernando Rubio, informó que solicitó a la Oficina Judicial que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos a los 7 concejales de Villa La Angostura.
La hipótesis preliminar de la fiscalía es que las concejalas Agustina Vaca Arenaza; María Eugenia Mesa; Marta Cicconi; Melisa Salamanca y los concejales Sergio Troche, Walter Espíndola y David Tressens, junto con la secretaria parlamentaria Magalí Díaz, cometieron presuntamente el delito de desobediencia a una orden judicial, pero eso puede cambiar.
“Todavía no están definidas todas las imputaciones”, informó a LA ANGOSTURA DIGITAL el fiscal jefe. Explicó que están tratando de confirmar para qué fecha se puede hacer la audiencia.
Rubio había informado esta semana que seguía recolectando evidencias para justamente sostener la acusación contra los concejales. La investigación preliminar la encabeza el fiscal jefe.
En principio, se les notificó a los concejales del inicio del expediente judicial por el presunto delito de desobediencia a una orden judicial, que dispuso el 14 de enero pasado la suspensión de una sesión especial relacionada con el juicio político al exsecretario de Economía municipal, Daniel Brito.
Rubio había pedido el miércoles de la semana pasada el allanamiento del Concejo Deliberante al juez de garantías en feria Nazareno Eulogia para retirar documentación para la investigación.
El allanamiento en el Concejo Deliberante generó numerosas reacciones y repudios desde sectores políticos vinculados al Frente de Todos, Cambiemos y otros sectores que no comulgan con el MPN. Desde el MPN hasta el momento nadie se pronunció sobre el tema.
Hasta el momento no apareció el acta de la polémica sesión, donde los concejales de la sala juzgadora informaron el veredicto condenatorio de Brito por mal desempeño en sus funciones.
Algunos concejales aclararon durante el proceso que el juicio político analiza irregularidades administrativas en el desempeño del cargo de la persona juzgada; no es un juicio penal.
El Concejo Deliberante tiene la facultad de someter a juicio político al intendente, viceintendente y funcionarios denunciados por irregularidades administrativas, según la Carta Orgánica Municipal.
Pero la persona sometida a juicio político tiene el derecho constitucional que el procedimiento del juicio político se haga respetando las garantías constitucionales, como el debido proceso. En cambio, las denuncias por la comisión de delitos las investigan los fiscales.
El fiscal jefe dijo esta semana que no había aparecido hasta el momento el acta de la polémica sesión del 14 de enero que los concejales hicieron a pesar de que el juez, a cargo del juzgado procesal administrativo de Zapala Matías Nicolini había ordenado suspenderla, cuando hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Brito como parte de la demanda que promovió contra la Municipalidad de Villa La Angostura (que incluye el Concejo Deliberante) por supuestas irregularidades en el juicio político que lo removió de su cargo por mal desempeño. Nicolini admitió la cautelar porque la Municipalidad admitió el pedido de Brito. Rubio dijo que solo habían hallado un borrador y la grabación de la sesión.
